Las cosas se complican -sin tregua- en Argentina. Y, así Cristina Fernández de Kirchner se mantenga en la silla presidencial -contra viento y marea- la realidad es que la evidencia parece mostrar que no le están saliendo nada bien las cosas a la presidenta de ese país. Contra lo esperado, los jueces argentinos Jorge Ballesteros, Eduardo Freiler y Eduardo Farah ratificaron la medida tomada por el Juez Federal Ariel Lijo en contra de Boudou, uno de los aliados de Cristina –más polémicos- por presunta corrupción y uno que otro problema doméstico que viene afectando su imagen. No obstante, Bouduo se queda igual que se queda la presidenta argentina porque pese a todo lo que se dice y se le imputa, su vicepresidente es uno de los escuderos más queridos y protegidos de su gobierno.

 

Imagen de: www.losandes.com.ar

 

Amando Boudou ya había sido llamado a juicio oral, a propósito de una demanda de separación de bienes interpuesta por su exesposa por la compra irregular de un automóvil Honda –que incluye la acusación contra Boudou de falsedad en documento público-, auto de propiedad del Vicepresidente que su ex, estima, es de la sociedad conyugal. 

 

Y, ahora le caen dos delitos muy graves: el cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función. Bouduo quien había presentado un recurso de apelación, esperaba como también esperaba el Gobierno que los jueces revocaran el llamado a juicio por uno de los dos delitos. Pero no, Amado Bouduo ha sido llamado a juicio por todos. Así las cosas, el sueño político de ser presidente -que dicen en Argentina- albergaban Bouduo y su gran compañera, la Presidente Cristina Fernández de Kirchener, se quedó en el deseo.

 

Según la justicia argentina, Boudou ayudó a salvar una empresa vital para el funcionamiento monetario del gobierno argentino y desde el Gobierno -como funcionario- se benefició de ella, a través de la firma de contratos.

  

LA HISTORIA: La imprenta de papel moneda Ciccone Cartográfica es la única imprenta privada de Argentina y por lo tanto la única que cuenta con la tecnología para hacer billetes de curso legal del país suramericano. En julio del año 2010 siendo Amado Boudou Ministro de Economía, Hacienda de Argentina solicitó la quiebra de Ciccone por la difícil situación económica que enfrentaba para esa época; pero, curiosamente en septiembre de ese mismo año, la misma Hacienda revocó su decisión y pidió levantar la quiebra contra la imprenta.

 

¿Qué pasó? En ese transcurrir de tiempo,una sociedad llamada “The Old Fund” pagó una llamativa fortuna para hacerse a las acciones de la imprenta Ciccone Cartográfica y la salvó de la iliquidez en la cual se encontraba.

 

Edificio de Ciccone Cartografica. Imagen de: www.perfil.com

 

El representante legal de “The Old Fund” Alejandro Vandenbroele, resultó ser un abogado del socio y mejor amigo de Boudou -José María Nuñez- que logró la compra de la imprenta y beneficios gubernamentales con el aval del ministro de economía de la época, Amado Boudou.

 

¿Cómo? La Agencia Tributaria benefició a la imprenta con una moratoria excepcional para refinanciar su deuda y con la posibilidad de firmar contratos arreglados desde el Gobierno. Es decir, Boudou –al parecer- ayudó a salvar una empresa vital para el funcionamiento monetario del gobierno argentino y desde el Gobierno -como funcionario- se benefició de ella, a través de la firma de contratos.

 

Pero la historia tiene mucho más. Por otro lado, Alejandro Vandenbroele que estaba casado con la artista argentina Laura Muñoz fue denunciado por esta, en un proceso litigioso de divorcio, bajo el cargo de ser un testaferro de Amado Boudou. Ella afirmó que la compra de Ciccone Cartografica, hoy llamada Compañía de Valores Sudamericana, empresa privada con tecnología especializada para imprimir papel moneda era realmente de Amado Boudou y no de su ex. ¿Qué dijo Vandenbroele ante la acusación de su exesposa? Que no conoce “ni siquiera de vista al vicepresidente Amado Boudou” y que “todo se trata de una mentira”.

 

No obstante, el 27 de junio de 2014, el juez de la causa Ariel Lijo procesó a Amado Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles con su condición de funcionario público porque según la justicia aceptó como soborno acciones de la imprenta Ciccone para hacer negocios para sí, y se interesó en los trámites para levantar la quiebra de la compañía. Bouduo presentó recurso de apelación y el 19 de febrero de 2015, los jueces argentinos Jorge Ballesteros, Eduardo Freiler y Eduardo Farah ratificaron la medida tomada por el Juez Federal Ariel Lijo, es decir, no prosperan los argumentos del recurso de apelación interpuesto por el vicepresidente.

 

Juez Ariel Lijo.

Imagen de www.letrap.com.ar

 

 

¿Qué dice Boudou y el Gobierno en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner? Afirman que Bouduo recibió presiones para otorgar las facilidades a “The Old Fund” en la compra de la imprenta y que es una víctima de una “operación mediática” organizada por el diario Clarín contra el Gobierno, campaña de desprestigio que encontró eco en la oposición, por ser el diario más importante de la Argentina. Bouduo viene asegurando, desde el comienzo, que es inocente y víctima de una maniobra de grupos económicos concentrados que vieron afectados sus intereses, por las políticas populistas del gobierno kirchnerista.

 

De prosperar el juicio y no la complacencia política, Boudou estaría enfrentado a una condena de uno a seis años de prisión e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. Para el juez de la causa Boudou “conjuntamente con su socio y amigo, José María Núñez Carmona, y de forma desdoblada con división de funciones, hizo uso de su condición de alto funcionario público para adquirir el 70% de la calcográfica Ciccone, que luego contrataría con el Estado Nacional -al que él representaba y actualmente aún representa- para la impresión de papel moneda de curso legal”.

 

 

 

[1] Delito de Cohecho en Argentina es aquel por el cual una persona por sí o a través de terceros ofrece dádivas, favores, promesas o ventajas a un funcionario público para que en el ejercicio de sus funciones realice u omita realizar un acto que es propio de su competencia, penando de igual manera al funcionario que acepta las mismas y agravando en ambos casos las penas cuando el funcionario involucrado revista como magistrado en el Poder Judicial o Ministerio Público.

 

ART. 405.- Código Penal Colombiano. Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o ara ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión…”.