La señora Rousseff tiene a partir de hoy, un mes para abandonar el Palacio Presidencial de la Alvorada. La investigación en su contra se adelantó a propósito de dos cargos: (i) firmar tres decretos por los que concedía créditos de bancos públicos para pagar determinadas deudas públicas, decretos que terminaron aumentando los gastos del Estado y; (ii) Pagar con retraso “Entre enero y noviembre de 2016 (…) al Banco de Brasil, de titularidad pública, cuotas que ascendían a 1.088 millones de dólares, referentes a las ayudas al denominado Plan Safra, programa federal que ayuda a los agricultores familiares a tomar préstamos del banco a unos intereses bastantes bajos”.

 

Con 61 votos contra 20, terminó en el Senado el proceso denominado impeachment que comenzó el 2 de diciembre de 2015. Para algunos se crearon los delitos con el fin de sacar a la Rouseff de la Presidencia; para otros, era responsable.

 

La situación económica en Brasil no ayudó a la señora Rousseff pues el país suramericano vive la mayor recesión de los últimos 80 años, el desempleo supera el 11% y el PIB en el año que corre se precipitó en más del 3%. Aunado a lo anterior, las protestas constantes en la calle, los medios en contra exigiendo la destitución y la decisión de la señora Rousseff de encerrarse en su residencia oficial para enfrentar desde la soledad su defensa, sumaron en su contra.

 

Dicen que la personalidad hostil de la señora Rousseff, capaz de aprenderse un informe de 800 páginas que recitaba a pie juntillas en los congresos, pero incapaz de dialogar con un senador, le forjaron enemigos que ahora le terminaron cobrando su forma de hacer política.