Una gran responsabilidad tiene en su cabeza el Congreso de la República durante el próximo período de sesiones ordinarias: ni más ni menos, debe resolver si aprueba o imprueba el Tratado celebrado entre Colombia y los Estados Unidos conocido como TLC.

El Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado, dirige las relaciones internacionales de Colombia, pero sus actos, en particular aquellos que implican un compromiso o un acuerdo de voluntades con los consiguientes efectos jurídicos, están sometidos al control político del Congreso, que se ejerce a posteriori.

La aprobación del Congreso es uno de los pasos trascendentales previstos por el Derecho Internacional en el largo camino de perfeccionamiento de los convenios y tratados públicos. El TLC tendrá que pasar esa prueba en los próximos meses tanto entre nosotros como en las cámaras norteamericanas, de mayoría demócrata.

En lo que a nosotros respecta, el Congreso  -que es poco dado a estudiar con juicio los tratados y convenios que aprueba, y prácticamente todos los pasa de pupitrazo- tendrá esta vez que empeñarse a fondo en la consideración de muchas variables económicas, comerciales y sociales que resultan involucradas en el complicado contenido de obligaciones y derechos que mutuamente contraerán las partes contratantes en un acto que, para bien o para mal (más para mal que para bien, según creemos)  habrá de condicionar severamente el futuro de nuestra economía.

Bien se sabe que, además, el Tratado y la Ley que lo apruebe deberán ser objeto de examen integral en la Corte Constitucional, antes de que el Presidente proceda a la ratificación.

Algunos han sostenido en estos días que el Congreso deberá optar solamente entre dos alternativas: aprobar o negar en bloque el TLC, es decir, “tomarlo o dejarlo”, pero sin posibilidades intermedias.

Esa afirmación es errónea, según reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha reconocido al Congreso la plena autonomía para aprobar unas cláusulas y dejar de aprobar otras que considere inconvenientes para el país, o contrarias a los principios de reciprocidad y equidad, que deben imperar en los tratados celebrados por Colombia, o para introducir condicionamientos a las cláusulas.

Si el Congreso niega su aprobación a algunas cláusulas, como probablemente tendrá que ocurrir con aquellas que son abiertamente lesivas para nuestra economía y para amplios sectores de la población, el Presidente no tendrá otra opción que formular ante los Estados Unidos las correspondientes reservas. Y quizá, a su vez, el Congreso norteamericano condicionará también la aprobación del Tratado, obligando a Bush a formular reservas.

De suerte que nada podemos decir todavía acerca de lo que finalmente será ese Tratado de Libre Comercio, en el que nos quieren meter a las buenas o a las malas.