Entre los caracteres del Estado colombiano que son explícitamente expuestos por nuestra Constitución, en cuanto fundamento del orden jurídico, está el respeto a la dignidad de la persona humana, como puede verse en los artículos 1 y 5, y como lo desarrolla su preceptiva sobre derechos fundamentales, en concordancia con las declaraciones y Tratados Internacionales.

El ser humano, con independencia de sus características accidentales  -el color, la raza, el sexo, el orígen nacional, las ideas políticas o las convicciones religiosas, por ejemplo-,  merece de sus congéneres la consideración que inspira su esencia, a partir de la cual todos somos iguales.

La persona, tan sólo por serlo  -ese es su único y suficiente título-  puede exigir respeto a todas las demás, al Estado y a la sociedad, y reclamar la plenitud de los derechos inherentes a su naturaleza. En cuanto tal, no puede ser tomada como instrumento para alcanzar determinados fines, ni discriminada, ni tratada en forma degradante; ni es apenas un ejemplar más dentro del conglomerado, ni una moneda de cambio, sino un miembro valioso y de suyo importante de la comunidad.

Esa concepción, que no es religiosa sino jurídica, es la que nos lleva a lamentar de verás el trato inhumano e indigno que la guerrilla colombiana de las FARC ha dado a los secuestrados y a sus familias. Es ese criterio humanista el que nos hace concluir, aunque las normas o las convenciones internacionales no lo proclamaran  -que sí lo hacen-,  que el secuestro es un crimen atroz, un terrible atentado y una afrenta detestable y cobarde contra la humanidad entera. Pero peor -mucho peor-  si culmina con el homicidio agravado, premeditado y alevoso, prevalido del agresor con la ventaja de la fuerza y aprovechando la indefensión de la víctima.

Y qué decir de la crueldad, aplicada recientemente a los familiares de los once diputados del Valle del Cauca, y antes a la madre del Capitán Guevara  -quien todavía no puede dar cristiana sepultura a su hijo asesinado-,  consistente en la retención de los cadáveres, conducta que se constituye, por sus mismas características, en una atrocidad más, como si no fueran suficientes las anteriores.

Quien esto escribe no comparte la apreciación de algunos académicos que ven en este conjunto de actos un crimen de guerra, de aquellos a los que se refiere  -en el ámbito de un conflicto-  el Tratado de Roma y otros instrumentos internacionales.

Mi concepto es otro: puesto que se ha atropellado con sevicia y a mansalva la dignidad de seres humanos indefensos, miembros de la población civil, este es ni más ni menos un crimen de lesa humanidad.