Certidumbres e inquietudes
EL MONSTRUO NORMATIVO
José Gregorio Hernández Galindo
Es posible que el momento no esté cerca, pero algún día las distintas instituciones que programan, planean y ejecutan las reglas integrantes del ordenamiento jurídico penal colombiano tendrán que acordar y llevar a cabo una revisión integral de la normatividad vigente, que hoy sin lugar a dudas es poco menos que caótica.
El Derecho está llamado a introducir el orden y a realizar la justicia en el seno de la sociedad. Si el Estado no es capaz de consagrarlo es un Estado inútil.
El conjunto de valores, principios y reglas que estructuran el ordenamiento jurídico tiene un propósito fijado en el preámbulo de la Carta Política: es un marco jurídico, democrático y participativo que debe garantizar un orden político, económico y social justo.
Eso implica que el valor de la justicia debe ser realizado por la normatividad, y entonces es contrario a la Constitución un sistema que, en vez de cristalizar un orden justo, propicie, facilite o permita la injusticia.
En especial a raíz de los últimos acontecimientos, el ciudadano colombiano del común -sin necesidad de ser abogado, y ni siquiera profesional- tiene la sensación y la preocupación de que entre nosotros todo parece estar dispuesto para que en los casos específicos termine por prevalecer con gran ventaja sobre la justicia, el antivalor de la injusticia.
Ese concepto, altamente peligroso para el imperio de la democracia y de un genuino Estado de Derecho, no es gratuito, si se tiene en cuenta que hemos venido configurando un sistema penal tan complejo; con tantas contradicciones; con tantas paradojas; con resultados prácticos tan imprevisibles y sorprendentes; con efectos de notoria desigualdad; con penas muchas veces irrazonables y desproporcionadas -por ser demasiado fuertes o demasiado débiles respecto a las conductas que pretenden sancionar-, y con la siempre posible diversidad de interpretaciones…, que se puede mostrar como el más diciente ejemplo acerca de cómo no se debe legislar.
A la coexistencia de varios regimenes debemos agregar la falta de coherencia entre ellos. De su aplicación resultan inconcebibles desigualdades. Así, por ejemplo, mientras los autores de masacres y crímenes de lesa humanidad pagan, en cárceles lujosas penas máximas de 8 años de prisión, y al paso que delincuentes de cuello blanco y defraudadores del Fisco pueden acogerse al principio de oportunidad para no ser condenados a pena alguna, o logran sentencia anticipada para pagar penas irrisorias, el hombre de la calle sorprendido en la comisión de delitos menores, o en conductas mucho menos graves que las mencionadas, puede ser condenado a penas muy superiores, que debe pagar en toda su extensión, en reclusorios inhumanos.
El país está en mora de revisar juiciosamente el monstruo hecho de normas inconexas en que hemos convertido nuestro Derecho Penal.
