Al parecer en un acto desesperado, ante el hecho de no haber obtenido por los mecanismos legales el reconocimiento o indemnización que reclamaba del Estado, un minusválido, acompañado por su hijo menor, decidió secuestrar un avión, granadas en mano, como forma de presionar las decisiones judiciales y administrativas.

Este caso, ampliamente divulgado en estos días por los medios de comunicación, es apenas uno de los muchos que a diario se presentan, sin que gocen de la espectacularidad del mencionado para atraer la atención pública, pero que muestran a las claras una preocupante tendencia de nuestra sociedad a las vías de hecho como procedimientos indicados para obtener éxito en relación con pretensiones no alcanzadas mediante las fórmulas y trámites que señala el ordenamiento jurídico.

En buena parte esta tendencia se ha visto afirmada en los últimos años por la falta de respuesta de los organismos estatales, tanto del Gobierno como de la administración de justicia, ante numerosas inquietudes o necesidades de las personas, quienes finalmente, desengañadas o frustradas, prefieren escoger el erróneo y tortuoso camino de la justicia por mano propia, prescindiendo del Estado y del Derecho.

También ha sido auspiciada tan peligrosa inclinación por los mismos funcionarios y directivos de los organismos estatales, que muchas veces no escuchan los reclamos de la ciudadanía cuando son pacíficamente formulados, o cuando ella hace uso del derecho de petición o de las acciones constitucionales y legales  -o no se resuelve con la prontitud requerida, o se resuelve en contra injustificadamente-,  pero que con gran presteza acuden a solucionar los problemas bajo la presión, la amenaza, el paro, la marcha, la operación tortuga, la ocupación de oficinas públicas o de lugares de culto, u otras formas similares de obtener los resultados que se ambicionan.

Así, el Estado, que a través de tal comportamiento sienta precedentes, no puede después quejarse cuando nuevas vías de hecho se usan en pos de algún logro que para el ciudadano ha sido imposible por los procedimientos legales.

El Estado, si se observa, está incurriendo en dos faltas muy graves: la primera cuando desdeña, muchas veces sin justificación ni soporte, las peticiones respetuosas o hace ineficaces los recursos y las acciones constitucional o legalmente consagradas para satisfacer las necesidades o reconocer los derechos de los gobernados; la segunda, cuando permite que las vías de hecho y las presiones sí resulten efectivas con los mismos fines. Con ello desestimula al ciudadano que se acoge al Derecho y  favorece la actitud no jurídica de quien pretende hacer justicia por su propia mano.

Obviamente, lo dicho no justifica en modo alguno la conducta asumida por personas que incurren en actos como el que ha dado motivo a este comentario. Y en tal sentido, los organismos judiciales correspondientes deben aplicar con severidad y sin miramientos las sanciones que correspondan.

Los pasajeros del avión secuestrado, como los usuarios de los servicios públicos cuando se hacen paros de trabajadores o se desarrolla la operación tortuga, no son los culpables de las situaciones de conflicto generadas ni tienen porqué pagar las consecuencias de las fallas en que incurren los funcionarios y las entidades públicas; siendo claro que sus derechos fundamentales, inclusive la vida  -como en el caso de marras-  son puestos en grave peligro de manera irresponsable.