Surge de nuevo la controversia en torno a los límites entre el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, de una parte, y de otra la responsabilidad que deben asumir medios de comunicación y periodistas por aquello que divulgan, cuando se afectan los derechos a la honra y al buen nombre o a la intimidad de personas en concreto, o el que tiene la colectividad a una información veraz e imparcial.

Un proyecto de ley relativo a los delitos de injuria y calumnia cuando con una información sin prueba controvertida se ha causado daño a la honra de alguien, presentado por el Senador Juan Gómez Martínez, ha sido retirado para dar ocasión al intercambio de criterios e ideas de todos los sectores interesados en el tema.

Se ha aprobado en esta legislatura el proyecto de ley de profesionalización del periodismo, el cual, habiendo sido objetado por razones de inconstitucionalidad por el Presidente Uribe y habiendo insistido las cámaras, queda ahora en manos de la Corte Constitucional, que resolverá acerca de su validez.

Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia ha generado discusión acerca de sus alcances, pues se lo ha interpretado en el sentido de que los periodistas, aun frente a informaciones que provengan de fuente oficial, deben establecer si son ciertas, antes de divulgarlas.

Un conocido columnista ha tenido que rectificar públicamente sus afirmaciones acerca de la vinculación de una persona con los grupos paramilitares.

Una periodista de radio y televisión ha sido llamada a juicio por dar a conocer y comentar imágenes de la vida íntima de una actriz.

Y no sólo en Colombia sino en el mundo se discute sobre el tema: es bien conocido el debate sobre la actividad de los “paparazzi”; José María Aznar ha denominado como “televisión basura” los ya inaguantables shows en que se ventila la intimidad de las personas y las familias sin ningún recato ni consideración; ligas de televidentes han formulado protestas en varios países por la pésima calidad de algunos noticieros y por la cada vez más visible ausencia de espacios de opinión; columnistas y editorialistas se han pronunciado sobre la proliferación de programas radiales de brujería y falsa medicina, en los que sus promotores obtienen lucro merced a la ignorancia de la gente.

En fin, cada vez se muestra con mayor evidencia la necesidad de que la legislación, sin detrimento de la libertad y sin imponer la censura,  desarrolle en normas concretas la responsabilidad social de los medios de comunicación, tanto en relación con personas específicas como con la comunidad entera, en cuanto los derechos fundamentales que ejercen son, como dice la Corte Constitucional colombiana, de doble vía.