No cabe duda acerca de que se quiere imponer, sea como sea, la reforma constitucional por la cual se instaure la reelección inmediata del Presidente de la República.
Ese propósito gubernamental de imposición parte del supuesto de que el Congreso -no ya como legislador sino en su calidad de Constituyente derivado- es un apéndice del Ejecutivo, bien por la vía política, ya por la negociación de cargos en la burocracia, por el manejo presupuestal, o por motivos de gratitud personal de miembros de las cámaras cuyos familiares hacen parte de la nómina diplomática; y, si no es así, a través de regaños presidenciales, o por el conocido sistema -tan propio de este Gobierno- de clasificar a los colombianos -entre ellos, los congresistas- en buenos y malos, según que estén de acuerdo con las propuestas oficiales o las contradigan.
Todo indica, cuando escuchamos a Fabio Echeverri o al propio Presidente, que para el Gobierno, no estar con la figura de la reelección inmediata es estar contra él, y estar contra él es pecado o es delito.
Al parecer, no hay salvación. O se hace todo lo necesario para que el Presidente Uribe sea reelegido, o se acaba el mundo. Como cuando, hace unos meses, el Gobierno nos presentaba esa misma dicotomía en relación con el referendo: o era aprobado, como quería Uribe, o grandes catástrofes ocurrirían, especialmente en el plano económico.
Afortunadamente, el famoso referendo -la panacea que curaba todos los males- no alcanzó el número de votos requerido por la Constitución, y no ocurrió ninguno de los cataclismos, anunciados por las voces oficiales hasta el cansancio en todos los medios de comunicación.
Pensamos que, si se mira institucionalmente el papel del Congreso y la trascendencia de la enmienda en discusión, este proyecto de reforma constitucional no tendría que ser necesaria y fatalmente aprobado, y que el Congreso -que ya lo negó el año pasado en dos ocasiones- debería mostrar su independencia frente al Ejecutivo en el cumplimiento de la función constituyente que le asignó la Carta Política, en vez de plegarse sumiso ante los mandatos y las “pataletas” del Jefe del Estado. Este –a su turno- parece no entender, pese a su condición de abogado, que tal jefatura le corresponde, sí, pero dentro del presupuesto de la autonomía de las ramas del poder público. De allí que no sea extraño haber oído por radio al Presidente diciendo, en tono de reprimenda, que a la reelección no deberían salirle argumentos jurídicos en contra.
Ya principiaron las encuestas a favor del candidato-presidente, sin que haya sido posible conocer o saber de la existencia real de una sola de las personas encuestadas, y los medios electrónicos, de propiedad de poderosos grupos económicos interesados en eternizar el Gobierno uribista, ya comenzaron también la campaña, o con mayor precisión, la operación de “lavado de cerebro” de los electores.
Pero una cosa piensa el burro –que definitivamente no es el pueblo- y otra el que lo está enjalmando. Y de pronto, aunque pase el proyecto, los manipuladores de las encuestas se quedan con los crespos hechos, como ocurrió en España.
