Aunque la presente campaña presidencial no se ha distinguido propiamente por la exposición de programas -deficiencia que se advierte en las toldas de todos los candidatos-, se han formulado por el Presidente Uribe, desde su candidatura a la reelección, dos ideas de gran interés respecto de las cuales, con independencia de la época en que se producen, deberían ser objeto de análisis, discusión y estudio por la sociedad colombiana.
La primera de ellas, que quien esto escribe ha respaldado con entusiasmo -si bien ha mantenido notorias discrepancias con la actual administración- consiste en restablecer la penalización de la llamada dosis personal de estupefacientes, suprimida en mal momento por la Corte Constitucional mediante sentencia de 1994, cuyos efectos negativos en la comunidad se han hecho sentir de manera palpable -en especial, entre la juventud-, para lo cual resulta indispensable la expedición de un Acto Legislativo reformatorio de la Constitución, en cuanto a los alcances del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C.P.), pues introducir de nuevo la pena en norma legal significaría violar el principio de la cosa juzgada constitucional, al revivir el contenido de una norma declarada inexequible por razones de fondo (art. 243 C.P.).
Siempre hemos creído –y lo manifestamos en el correspondiente salvamento de voto en la propia Corte- que la declaración de inexequibilidad de las sanciones acertadamente contempladas en la Ley 30 de 1986 (Estatuto Nacional de Estupefacientes) supuso contradicción con el interés de los asociados y con el orden jurídico, habida cuenta de los daños que ocasiona la drogadicción con patente de corso. Y, en cuanto a política estatal, ocasionó una indudable paradoja entre esa permisividad y la lucha adelantada contra el narcotráfico: hoy se penaliza la venta de sustancias psicotrópicas, pero no se castiga la compra en pequeñas dosis.
Es necesario que el tema se plantee de nuevo, como lo ha propuesto el Presidente, sea quien sea quien resulte elegido, ya que se trata de un imperativo social, en defensa de la juventud y de la preservación de valores esenciales de nuestra nacionalidad.
La otra propuesta presidencial, también de gran importancia, tiene que ver con las definiciones a cargo del Congreso sobre numerosos asuntos que han quedado mal regulados en el sistema jurídico, merced a normativas incompletas del Congreso o a algunas decisiones de la Corte Constitucional que, en vez de introducir el orden, han generado caos e inseguridad jurídica.
También en ese campo le hemos ofrecido apoyo al Presidente, en el terreno jurídico, convencidos como estamos de que a través de sentencias como la última, dictada aunque no divulgada íntegramente por la Corte Constitucional en materia de aborto, se legisla antitécnicamente. Allí, excediendo en mucho el ámbito de su función, la Corte creó una normatividad deficiente, que de suyo, por la razón misma de su procedencia y de la falta absoluta de discusión pública, es incapaz de regular adecuadamente un fenómeno tan complejo, y de prever las soluciones eficaces para las diversas hipótesis que en la práctica habrán de presentarse.
Se debe asumir, con seriedad, aparte de favoritismo político alguno, la tarea de restaurar, con sólido y fundado criterio científico, el orden jurídico que requiere la sociedad colombiana del siglo XXI.
