Se han dado a conocer, muy parcial e improvisadamente, algunas ideas -más que propuestas- de la Comisión de Ajuste Institucional creada por el Gobierno, sobre posibles reformas ordenadas a solucionar de alguna manera la crisis que desde hace meses afronta el país por cuenta de la denominada "parapolítica".
De una parte, ya habíamos dicho que el tiempo otorgado a los juristas en mención para entregar los resultados de sus estudios era demasiado corto, si se desea en realidad estructurar una iniciativa seria, armónica y completa, para los objetivos buscados. Ya han pedido prórroga del término inicial, que vencía el 20 de julio, y el Gobierno ha accedido a ampliarlo hasta el próximo 31 de julio. No es mucho tiempo, y en verdad, para una reforma política nos sigue pareciendo que se sigue improvisando. Y nada garantiza que al Gobierno le gusten los criterios que los comisionados plasmen en su pre-proyecto, ni tampoco que el Congreso le imparta su aprobación.
En todo caso, por los primeros datos que nos suministran, concluímos ya que -habida cuenta de las materias que serán tratadas- se necesitará reformar la Constitución, luego deberá reiniciarse el proceso correspondiente, que según el artículo 375 de la misma, se tomará al menos dos períodos ordinarios y consecutivos. En otros términos, no tendremos reforma sino hasta dentro de un año, por el mes de junio, y nos preguntamos si será oportuna frente a la crísis, y si hay una diferencia que valga la pena entre este nuevo proyecto de reforma y el que nuestro Gobierno resolvió hundir, que se adelantaba en el Congreso y que ya iba por el séptimo debate. Eso significa que ya, hoy, tendríamos la reforma totalmente en vigor.
En cuanto a las ideas hasta ahora divulgadas, no son de mucha profundidad, y las que tienen un contenido más sólido son las que -divulgadas anoche en un noticiero de televisión, sin que las haya mostrado oficialmente la Comisión- tienden a establecer garantías judiciales a los congresistas: la doble instancia y la separación entre las funciones de investigación y juzgamiento, la primera de las cuales se le quitaría a la Corte Suprema de Justicia, como castigándola por sus actuaciones recientes, pasándola a la Fiscalía.
Ahora bien, sea cual fuere esa normatividad -quizá tardía o inane respecto al problema actual del que se trata-, sigue siendo cierto que, como muchas veces los hemos dicho, más que de normas, este asunto de la corrrupción de la política y de la injerencia de organizaciones delictivas en la configuración del Congreso es sobre todo una cuestión de personas; de principios, más que todo morales; de la inconcebible inversión de valores y de la ética degradada de una sociedad que tristemente ha caído muy bajo por haber perdido el norte.
Hay en el fondo un problema crónico y muy grave de formación de quienes aspiran a regir los destinos públicos, quienes quieren lograrlo todo con facilidad dentro del criterio maquiavélico que enseña que el fin justifica los medios. En nuestra actual sociedad -al menos, parece que eso piensa la mayoría-, todo vale, para cualquier cosa. La ética y los principios no importan. Y en cuanto a las normas constitucionales o legales, bien pronto se encontrará la manera de burlarlas. La calentura no está en las sábanas, sino en la fiebre de la persona enferma.