*El Fiscal Eduardo Montealegre. Tomado de colombia.diariocritico.com

Con toda seguridad se avecina un debate muy grande, en el Congreso y en el país, respecto a la reforma constitucional en curso sobre los procesos de paz que quiere llevar a cabo el Gobierno del Presidente Santos. En ese contexto, dará lugar a gran controversia  -muy justificada por otra parte-  la reciente propuesta del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en el sentido de consagrar, en el Acto Legislativo sobre Marco Jurídico para la paz, una figura denominada “Indulto condicional”.

Se trata, ni más ni menos, de permitir en la Constitución que el Estado se abstenga de aplicar las penas que merecen los autores de los delitos más graves, inclusive los crímenes de lesa humanidad, para poder adelantar con éxito un proceso que ponga fin al conflicto.

No ponemos en duda la buena intención del doctor Montealegre, pero una vez más cabe repetir que el fin, por loable que sea, no justifica los medios utilizados.

Colombia no debe ir en contravía de los postulados que ya el Derecho Internacional Humanitario y nuestro propio Derecho Constitucional han venido sosteniendo, en el sentido de que las amnistías, los indultos, las formulas de perdón y olvido, las leyes de punto final, no pueden ser los caminos indicados para la búsqueda de la paz, al precio muy alto de claudicar en el objetivo de hacer justicia respecto a quienes de manera sistemática han cometido los peores crímenes contra el género humano.

La Carta Política vigente prohíbe la amnistía y el indulto para delitos ajenos a los específicamente políticos, y los tratados internacionales también. Modificar esa regla implicaría sustituir algo esencial de la Constitución.