La perplejidad causada por la expedición de los decretos de emergencia social en salud, en especial cuando se trata de personas que requieren con urgencia medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas que no están dentro del  reducidísimo campo del Plan Obligatorio de Salud (POS), es sumamente grande. Unas son las frases almibaradas del Ministro de “Protección Social”, anunciando la reforma como una panacea; otra muy distinta lo que  establecen las normas expedidas; y otra peor será la dura realidad de los pacientes enfrentados a los intransigentes administradores de las EPS.

La confusión actual no es nada si se la compara con la que se ocasionará durante los próximos meses, cuando las entidades privadas y públicas prestadoras del servicio de salud comiencen a poner en práctica las medidas adoptadas. El caos del RUNT se verá como un juego de niños cuando principie a hacerse efectiva la nueva categoría denominada “prestaciones excepcionales en salud”, respecto de las cuales, luego de haber superado el difícil escollo del Comité Técnico-científico, los afiliados sepan que  -si quieren acceder a eso que, prescrito por el médico, necesitan para recuperar su salud o salvar su vida o la de un familiar cercano-  tendrán que adicionar a lo que mensualmente se les descuenta de su sueldo por salud el valor total o parcial de lo formulado. Entonces, como dice la Biblia, “será el llanto y el crujir de dientes”.

Y ello acontecerá, no en un caso sino en miles.

Vendrá entonces la muy previsible explosión de demandas de tutela, y los jueces tendrán que aplicar la Constitución y los postulados del Estado Social de Derecho por encima de los decretos legislativos, varios de los cuales son incompatibles con las normas superiores y deberán ser inaplicados mientras la Corte Constitucional se pronuncia, declarando  -si sigue su jurisprudencia-  que son inexequibles.

De otro lado, el Gobierno pretende limitar a los médicos en su ejercicio profesional, amenazándolos con altísimas multas si se salen del POS al prescribir medicamentos o tratamientos, obligándolos a justificar sus fórmulas  -grave ofensa a su idoneidad científica-,  y busca también someter a los jueces de tutela a que fallen según las indicaciones de los comités de marras.

En fin, unos “hermosos” decretos que, para decirlo con franqueza, han sido  expedidos para llenar de dinero a los negociantes de la salud, pero en contra de quienes debieran ser protegidos prioritariamente: los pacientes.