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En Foro Penal vemos la necesidad de abordar el tema que tanto repudio a causado en los últimos días, y es el caso del vil homicidio de la menor Yuliana Andrea Samboní, ocurrido el pasado 4 de diciembre de  2016.

El hecho ha generado la captura  y judicialización del presunto responsable, Rafael Uribe Noguera, a quien la Fiscalía le imputó los punibles de feminicidio, acceso carnal violento, tortura y secuestro.  Igualmente se esta a la espera la posible participación de terceras personas, lo cual tendrá que definir el ente investigador en los próximos días.

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Invitado: Santiago Medina. Abogado con 10 años de experiencia en administración de justicia. Conducen: Betty Monzón y Valentina Erazo. Escúchenos todos los martes a las 6:00 pm con repetición miércoles a las 00:00 am y 7:00 am por www.lavozdelderecho.com.

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En Debates Constitucionales de hoy fueron considerados los aspectos jurídicos, sociales y psicológicos de la política criminal del Estado, a propósito del crimen cometido en la persona de la niña YULIANA SAMBONÍ.

Participaron los Doctores Mirtha Patricia Bejarano,  Jorge Giraldo, Douglas Enrique Lorduy,  Johanna Giraldo y la periodista María Camila Idrobo  bajo la dirección de nuestro Director el Dr. José Gregorio Hernández Galindo.  

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En el día internacional de los Derechos Humanos, hoy 10 de diciembre, se conmemora un año  más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Voz del Derecho hace un llamado a la tolerancia y al respeto por las personas y grupos políticos con ideas diferentes, como es el caso del movimiento político Marcha Patriótica quienes abogan por la salida negociada al conflicto armado, la reparación integral a las víctimas, la reforma agraria y la soberanía popular.

Durante los últimos cuatro años, 124 militantes del movimiento Marcha Patriótica han sido asesinados, sin que se tengan  avances en las investigaciones por estos crímenes y los mismos continúan en aumento. Durante el año 2016, 70 de sus miembros han sido asesinados, 232 amenazados y 21 han sido atacados.

La ONU pide a la sociedad colombiana en general tomar una posición activa frente a la defensa de derechos humanos, dando un paso adelante y defendiendo los derechos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad, una persona LGBT, una mujer, un indígena, un niño, un afrodescendiente, o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún acto violento.

 

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