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La Sala Plena del Consejo de Estado esta semana tumbó la reelección de Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación, según el alto tribunal la decisión se dio al comprobar que se presentaron fallas en la postulación y elección de Ordóñez para ocupar el cargo de jefe del Ministerio Público.
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Conduce: Dr Luis Alberto Ávila. Escúchenos todos los viernes en vivo a las 3:00pm con repetición los sábados a las 10:00 am por www.lavozdelderecho.com.

 

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Invitado: Dr Adolfo Castañeda. Arquitecto y Psicólogo con Maestría en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Conduce: Dr Tito Martínez. Escuchenos todos los jueves a las 6:00 pm con repetición los viernes a las 00:00 am por www.lavozdelderecho.com

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La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas  constitucionales. La justicia transicional no es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto o de represión por parte del Estado.  Al tratar de conseguir la rendición de cuentas y la reparación de las víctimas, la justicia transicional proporciona a las víctimas el reconocimiento de sus derechos, fomentando la confianza ciudadana y fortaleciendo el Estado de derecho.

 

 

Cuando se cometen violaciones masivas de los derechos humanos, las víctimas tienen el derecho, oficialmente reconocido, a ver castigados a los autores de los mismos, a conocer la verdad y a recibir reparaciones. Como las violaciones de derechos humanos sistemáticas no solo afectan a las víctimas directas sino al conjunto de la sociedad, además de cumplir con esos compromisos los Estados deben asegurarse de que las violaciones no vuelvan a suceder, y, en consecuencia, deben especialmente reformar las instituciones que estuvieron implicadas en esos hechos o fueron incapaces de impedirlos. Las sociedades que no se enfrentan a las violaciones masivas de los derechos humanos suelen quedar divididas, generándose desconfianza entre diferentes grupos y frente a las instituciones públicas y obstaculizándose o haciéndose más lentas las mejoras en materia de seguridad y desarrollo. Esa situación pone en cuestión el compromiso con el Estado de derecho y, en última instancia, puede conducir a la repetición cíclica de diversos actos de violencia.

 

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