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ANÁLISIS DE LA VOZ DEL DERECHO: 16 días para las elecciones.
09 May 2014
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La Voz del Derecho
Dieciséis días faltan para la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia y la verdad no se están debatiendo los grandes temas. Ni conocemos en cuanto a la mayoría de los candidatos sus opiniones, sus programas, sus propuestas acerca de los graves problemas nacionales. No ha habido debates en televisión porque no todos los candidatos han querido participar. Tenemos crisis en la salud, crisis carcelaria, crisis en la administración de justicia, paro agrario y crisis en la política agropecuaria, fracaso de las grandes reformas que el gobierno intentó en estos años como la reforma a la educación, la reforma a la salud, la reforma a la justicia; hay protestas estudiantiles, la inseguridad en las ciudades colombianas se incrementa a diario, continua la inestabilidad en la alcaldía de Bogotá por la destitución arbitraria de su titular Gustavo Petro -esto por causa de una actitud casi personalista del Procurador General de la Nación-, y frente a todo, eso el Gobierno cuya cabeza aspira a la reelección se muestra impotente y los otros candidatos no tienen propuestas orientadas a la solución de todas estas materias.
Cuál va a ser la política económica en el próximo gobierno, la política monetaria, la política cambiaria, se va a corregir la política estatal sobre el campo?, hay propuestas en las campañas en torno a las reformas constitucionales o legislativas que puedan surgir de los diálogos de paz, o aquellas que se necesiten en virtud de muchos elementos que aconsejen ajustes desde el punto de vista normativo?, hay programas de los candidatos para luchar contra la corrupción?, se va a plantear una política criminal del estado mucho más seria que evite esa permanente modificación de los elementos penales según la coyuntura? Se van a intentar los diálogos con Nicaragua para incorporar el fallo de La Haya en un tratado?, cuál será la posición del próximo gobierno frente a Venezuela?, cuál será la suerte de los tratados de libre comercio celebrados hasta ahora? En definitiva, nada, o muy poco sobre el futuro próximo del país.
Las campañas están en otra cosa, en buscar elementos, haya pruebas o no, que les puedan servir para enlodar al contrario. Y hay, en efecto, acusaciones graves. Otra vez el posible ingreso de dineros del narcotráfico a una de las campañas de 2010, la asesoría de J.J. Rendón para acercamientos con los narcotraficantes, el posible regalo o donación del mismo J.J. Rendón de dos millones de dólares para la campaña de Juan Manuel Santos de 2010, las interceptaciones telefónicas del señor Sepúlveda, la pretensión de manipular noticieros y medios de televisión para desacreditar una campaña, en fin, muchos temas que debe dilucidar la administración de justicia, aunque creemos que no alcanzará a conocerse la verdad judicial antes de las elecciones.
Por qué los candidatos involucrados en todo esto no responden políticamente y mejor dan un paso al costado para que se vote por los demás candidatos que no tienen este tipo de problemas?
Ahí lo dejamos para consideración de nuestros oyentes.
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ANÁLISIS DE LA VOZ DEL DERECHO: Corte Constitucional y el Pacto de Bogotá.
05 May 2014
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La Voz del Derecho
La Corte Constitucional, con una votación de cinco contra cuatro, profirió el viernes el fallo cuyo sentido se había filtrado ya a los medios de comunicación, en torno al Pacto de Bogotá; en dos sentidos:
- Por una parte, la Corte declaró exequible ese Tratado Internacional, suscrito en 1948 durante la Conferencia Panamericana reunida en la capital colombiana, uno de cuyos artículos disponía que las controversias y diferencias entre los estados americanos se resolverían por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Fue de esa cláusula de ese Tratado Multilateral que la Corte Internacional de La Haya dedujo su competencia para resolver sobre la demanda de límites que había instaurado Nicaragua hace doce años, en Sentencia que despojó a Colombia de algo así como 75.000 kms de mar.
- En segundo lugar, la Corte Constitucional señaló que, según el artículo 101 de la Constitución, los límites de Colombia con naciones vecinas no se pueden modificar por fallos de tribunales internacionales sino únicamente mediante Tratados bilaterales.
Aunque la Corte no mencionó el fallo de La Haya, se entiende que el propósito de los magistrados era transmitir el mensaje de un apoyo constitucional al Presidente Juan Manuel Santos en lo relativo a la declaración de inaplicabilidad de dicha providencia de la Corte Internacional de
Aunque la Corte no mencionó el fallo de La Haya, se entiende que el propósito de los magistrados era transmitir el mensaje de un apoyo constitucional al Presidente Juan Manuel Santos en lo relativo a la declaración de inaplicabilidad de dicha providencia de la Corte Internacional de
Justicia. Como hemos dicho varias veces ese concepto de inaplicabilidad no existe en el derecho internacional.
En otros términos, aunque las demandas –entre ellas una de Santos- se referían al Tratado de Bogotá- que entre otras cosas fue denunciado por Colombia tras el fallo de noviembre de 2012-, lo cierto es que, según la Corte, Colombia debe entrar a negociar con Nicaragua los límites marítimos
entre las dos naciones.
Algunos han dicho que el fallo de la Corte Constitucional es acertado. Y lo puede ser desde el punto de vista político, más no desde el jurídico, por varias razones:
La Corte olvidó que Colombia está obligada a respetar los Tratados Internacionales que celebra, los principios del derecho internacional por ella aceptados, la cláusula Pacta Sunt Servanda- Los tratados deben ser cumplidos de buena fe-, y en cuanto a los límites, el artículo 101 de la Constitución –citado por la Corte Constitucional- también dispone que tienen lugar según el Derecho Internacional y sólo a falta de Tratados por el Derecho Interno.
Y quiero preguntar: alguien piensa que Nicaragua estará dispuesta a negociar con Colombia los límites marítimos prescindiendo del fallo de la Corte de La Haya, a modificar sus alcances, o a devolver a Colombia siquiera un metro cuadrado de lo que a Nicaragua le reconoció la Sentencia?
Soy pesimista al respecto.
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Análisis de La Voz Del Derecho: Desmonte de la Tutela.
25 Abr 2014
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La Voz del Derecho
A la Corte Constitucional corresponde, según al artículo 86 de la Constitución, unificar la jurisprudencia y sentar doctrina sobre la acción de tutela, su uso y sus restricciones, en virtud de la revisión eventual de los fallos que dictan al respecto jueces y tribunales.
Desde 1992, la Corte ha trazado pautas de gran importancia acerca de la procedibilidad de la acción de tutela y sobre el objeto de la misma, que consisten en la protección efectiva, por vía judicial, de los derechos fundamentales.
Aunque en los últimos años la Corte Constitucional se ha demorado demasiado en dictar y dar a conocer sus fallos –recuérdese el caso de la ex senadora Piedad Córdoba o el de la adopción por parte de parejas del mismo sexo-, lo cierto es que los magistrados deberían pensar en la importancia que tienen sus fallos de revisión, que son los que orientan la interpretación y aplicación del Derecho al respecto.
Pero de allí no se puede concluir que sea necesaria, como lo ha dicho el Gobierno, una reforma –que más sería un desmonte o inutilización- de la acción de tutela.
La tutela es hoy por hoy el único mecanismo judicial que está funcionando real y oportunamente en juzgados y tribunales –aunque se demora en la Corte Constitucional, que es donde menos se debería demorar-, y lo cierto es que los ciudadanos han encontrado en ella una eficiente vía de
acceso al amparo de sus derechos básicos.
Ya el Gobierno la ha querido desmontar en materia de salud y ahora lo pretende hacer en todas las materias. sería Un retroceso lamentable en términos democráticos.
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A exdirectivos de la comisionista, deudores y hasta socios se les imputará cargos dentro de la investigación que se viene adelantando en el caso de Interbolsa.
La Fiscalía les imputará los delitos de captación masiva y habitual de dinero del público, manipulación fraudulenta de acciones inscritas en el registro nacional de valores, administración desleal, estafa y concierto para delinquir.
Entre quienes resultaran afectados con la medida están Rafael Saravia miembro de la junta directiva de la comisionista; Juan Felipe Ruíz, gerente técnico de la firma; Tomás Jaramillo, socio del Fondo Premium; Víctor Maldonado, deudor del fondo Premium y Juan Carlos Ortiz socio del mismo fondo.
Ya se encuentran privados de la libertad el padre de Tomas Jaramillo, Rodrigo Jaramillo y el italiano Alessandro Corridori.
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