Las calidades de sus integrantes, con independencia de si son todos uribistas o no, nos despierta cierta confianza acerca de lo que pueda hacer la comisión de ajuste convocada por el Presidente de la República.
No obstante, creemos que, siendo realistas, lo que salga de allí no parece ser de dimensiones proporcionadas al nivel de los comisionados.
En efecto, una reforma constitucional integral -entendiendo que eso significa modificar, con una visión armónica, con unos valores y principios esenciales y con un criterio unificado, el conjunto de preceptos fundamentales- es algo que demanda tiempo y dedicación, si no se quiere caer en la mediocridad. De modo que descartamos esa posibilidad, por cuando una enmienda estructural de la Constitución no se puede hacer en pocos días.
Y son apenas 33 días, trabajando sábados y domingos, los que tienen los comisionados para elaborar un proyecto que se presentará a consideración del Congreso el 20 de julio.
De otra parte, no han sido trazados unos linderos a la actividad de la comisión, pero debemos entender -a juzgar por los antecedentes inmediatos de la misma- que el propósito básico de la actividad encomendada consiste en proyectar las normas constitucionales que sustituyan la famosa reforma política de la “silla vacía”, frustrada la semana anterior por decisión del Gobierno y por falta de independencia del Congreso.
Como esa comisión, aún con la respetabilidad de sus integrantes, no tiene atribuciones decisorias, y lo que construya debe ser aceptado por el Ejecutivo antes de llevarlo al Congreso, en realidad se ha constituido un grupo de amanuenses que solamente plasmará en lenguaje jurídico presentable lo que al Gobierno convenga desde el punto de vista político.
No parece que la idea consista en una contrarreforma constitucional, pues no creemos que personas tan serias pudieran comprometerse en semejante empresa en tan poco tiempo, y cuando la crisis actual está focalizada en el Congreso y su integración, lo que nos hace pensar que una de las primeras actuaciones del grupo de juristas deberá consistir en fijarse un temario.
La otra posibilidad consiste en que estemos nuevamente ante un espectáculo que nos distraerá durante algunos meses, para que no se hable tanto de “parapolítica” y “yidispolítica”, y que todo concluya en un proyecto lánguido que sólo la coyuntura del momento definirá si es aprobado, pero sin mayores repercusiones hacia el futuro.
