Frankenstein thumb. Foto http://www.democraticunderground.com/    

 

Aunque culpable por haber incurrido en una falta de carácter   -extraña en él-, el ex ministro Juan Carlos Esquerra  no debe ser el único que responda políticamente por el estropicio denominado “reforma” a la justicia. Tampoco deben serlo exclusivamente los congresistas que integraron las comisiones de conciliación, sino todos aquellos que en la plenaria de Senado y Cámara votaron favorablemente el texto conciliado. Al respecto, no hay excusa. Menos todavía la invocada por el representante Simón Gaviria, consistente en haber leído apenas por encima el instrumento materia de votación. Esa, por si acaso, es una muestra de la total irresponsabilidad de nuestros congresistas en el ejercicio de sus funciones, particularmente en lo que atañe a las modificaciones de la Constitución.

 

Allí radica -en esa irresponsabilidad- el motivo principal de la incoherencia que hoy acusa el texto de la Carta Política, que lleva ya treinta y siete reformas, además de las varias que se tramitarán en la siguiente legislatura. Diríase que tanto los gobiernos que han presentado e impulsado las reformas como los congresistas que las han aprobado con esa inaceptable falta de seriedad, han sido inferiores a la confianza que en ellos depositaron la Asamblea Constituyente y el pueblo colombiano.

 

Por causa del descuido en unos casos, y de la obcecación en otros, y por el deseo de nuestros gobernantes de pasar a la historia o de eternizarse en el poder, se ha venido manoseando el Estatuto Fundamental hasta el punto de convertirlo en una masa normativa deforme, provisional y carente de un hilo conductor.

 

El último escándalo, provocado por el Gobierno aunque ahora pretenda lavarse las manos, es una demostración palpable de lo que decimos.

 

El Ejecutivo, con el presidente a la cabeza, al convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para resolver acerca de las objeciones formuladas contra el Acto Legislativo -que no es un simple proyecto- aprobado y no promulgado, viola de manera flagrante la Constitución Política. 

 

En efecto, el artículo 375 de la Carta, cuando enuncia los requisitos necesarios para modificar sus disposiciones por la vía del Congreso, establece perentoriamente que la enmienda sólo puede adelantarse en dos períodos ordinarios y consecutivos. Pero, con unos procedimientos de facto, el Gobierno aspira a deshacer lo hecho, enterrando al monstruo creado por él, con la ilusión de no perder puntos en las encuestas. Aunque de todas maneras los perderá.

 

A quienes participen  en tales sesiones les convendría leer, no por encima, el artículo 149 de la Constitución.