POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Lo que pasa en las cárceles de Colombia es insostenible. La situación de hacinamiento de los reclusos en los distintos centros carcelarios es de tal gravedad que podemos hablar, sin temor a equivocarnos, de una verdad crisis humanitaria, y en cuanto tal, esa crisis debe ser objeto de la atención inmediata del Gobierno, y de la adopción de medidas concretas y urgentes.

La Ministra de Justicia anuncia la radicación de un proyecto de ley orientado a modificar el Código Penitenciario y Carcelario; que se rescatará la misión resocializadora de la pena; que serán vinculados los presos al desarrollo de la actividad industrial; que se impartirá educación en los centros de reclusión; que se consagrará el trabajo como un derecho y un deber.

Al parecer se declarará el Estado de emergencia carcelaria, pero la propia Ministra afirma que en dicha figura  -tal como está prevista actualmente-  no hay elementos para salir de la situación presente.

Dice la Ministra que el Ministerio viene trabajado en un proyecto de política criminal; que propondrán un Consejo de Política criminal que deberá pronunciarse antes de que una conducta se caracterice o califique como criminal; que no se deben aumentar las penas; que se modificarán las reglas de contratación para la construcción de las cárceles.

Pero frente a las imágenes que la televisión colombiana ha presentado, que muestran un estado de cosas catastrófico, inhumano e insostenible, ¿qué se va a hacer en lo inmediato?

¿La situación dará espera mientras se adelantan los trámites legislativos, se modifican las normas y mientras se aplican?