La Fiscalía General de la Nación radicó una iniciativa ante el Congreso para crear el Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales. Se trataría de un órgano jurisdiccional especial e independiente que se convertiría en la máxima autoridad en materia de garantías penales y control de legalidad. De esta manera, funcionaría como juez de control de garantías en las investigaciones o procesos penales contra aforados constitucionales o legales. Los magistrados de esta nueva instancia judicial escogerían de forma discrecional las providencias objeto de revisión, para unificar jurisprudencia y proteger e irradiar el efecto de los derechos fundamentales en todo el proceso penal o realizar la justicia material. El tribunal estará integrado por tres magistrados.

 

En Comunicado de Prensa No. 062 del 19 de septiembre, el fiscal Luis Eduardo Montealegre afirmó que “una de la fallas del sistema acusatorio es que no existe un organismo al interior de la estructura judicial penal colombiana que unifique la jurisprudencia y los criterios de interpretación de los derechos fundamentales dentro del proceso penal, esta labor la cumple excepcionalmente la Corte Constitucional a través del control abstracto de constitucionalidad, o través de la tutela, la Corte Suprema de Justicia a través de la casación, pero no existe en Colombia un órgano que le dé coherencia a la justicia y a la unificación de las decisiones que toman los jueces de control de garantías en el país”.

 

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