No sé a los lectores, pero a quien esto escribe le ha parecido espeluznante que el DAS haya logrado ingresar en la Sala Plena de la Corte Suprema; haya conseguido grabar cuanto se decía en las sesiones reservadas; haya profanado el recinto; haya ingresado en la intimidad de la Corporación, hasta el extremo de instalar grabadoras en los escritorios de los magistrados.

Se ha ofendido, más que a la propia Cortey a sus magistrados, a toda la Administración de Justicia; se ha violado  -hasta ahora impunemente-  la Constitución; se han cometido delitos de suma gravedad.

La experiencia de estos años, de inconcebible enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia  -con el agravante de los aludidos seguimientos, interceptaciones y espionaje, de los cuales se hizo víctima a ese alto Tribunal-,  muestra a las claras cuánta razón tenía el Barón de Montesquieu cuando escribía en “El espíritu de las leyes” que para sostener los valores de la democracia y los derechos de los gobernados, resultaba indispensable que el poder detuviera al poder. Es decir, que quienes ejercen las funciones públicas establecieran recíprocos controles, para evitar que, concentrado el poder en manos de uno solo, se abrieran paso los abusos y las arbitrariedades. Como en efecto lo estamos viendo, cuando un gobierno, prevalido de su popularidad y sin el menor reato, ataca el corazón mismo de la institucionalidad.

El derecho moderno, como se refleja en la Constitución colombiana de 1991, ha introducido el elemento de la colaboración armónica entre las ramas y órganos del poder público, que no se opone a la independencia necesaria ni a la distribución de funciones, y por el contrario permite el funcionamiento del sistema, verdaderamente imposible en la perspectiva de un absoluto e innecesario divorcio entre aquéllos.

La colaboración armónica implica que cada uno trabaja en lo suyo, pero sin hostilidad.

Es una forma de resaltar que los funcionarios y sus cargos son transitorios y que lo importante en realidad es que las finalidades estatales se alcancen, dentro del sistema jurídico y según las reglas que consagra; en un clima de mutuo entendimiento y respeto; de cordialidad democrática. Es lo propio del Estado de Derecho, y lo que ha faltado en los últimos años. Y es también lo que se espera recuperar en Colombia con el nuevo gobierno.