Aunque considero que el asunto no solamente debe tener repercusiones disciplinarias sino penales, es un avance que la Procuraduría haya actuado contra varios funcionarios y ex funcionarios, a quienes ya  ha formulado  cargos, por el escándalo de las denominadas “chuzadas”   -las interceptaciones  a los teléfonos y comunicaciones- y por los seguimientos a políticos de oposición, magistrados, periodistas y defensores de Derechos Humanos.

Usando un mecanismo despreciable, propio de las dictaduras, el DAS y la UIAF  -organismos concebidos con fines muy distintos- fueron puestos  al servicio de un plan cuyos máximos cabecillas son todavía anónimos, consistente en espiar, y por esa vía mortificar, asediar y presionar  a personas previamente seleccionadas que tienen como característica común la de ser o estar en posibilidad de ser incómodas para el Gobierno.

En 2008 las evidencias al respecto condujeron a la renuncia de María del Pilar Hurtado de la dirección del DAS. La decisión de la Procuraduría la cobija a ella y a los también  ex directores  Jorge Noguera y Andrés  Peñate,  y a otros  servidores del organismo, así como al Director de la UIAF Mario Aranguren. Además, al Secretario General de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, quien pudo extralimitarse en sus funciones al buscar  informaciones acerca de personas privadas.

A favor de  todos los disciplinados obra, por supuesto, la presunción de inocencia. Y con mayor razón ella ampara al Presidente de la República, quien no aparece incriminado, pero a quien sin duda perjudica políticamente la conducta de funcionarios o asesores malévolos muy cercanos.

A todos conviene –al país, primero que todo, y al propio Gobierno- que este proceso y el penal no se queden a mitad de camino, y que alguna día, ojalá pronto, sepamos la verdad sobre lo acontecido.

De acuerdo con la Constitución, los funcionarios administrativos, por importantes que sean, carecen de facultad –que es estrictamente judicial- para ordenar o practicar interceptaciones de comunicaciones  o seguimiento a las personas.

Esta es una preciosa garantía democrática que debe ser escrupulosamente respetada y  preservada por el Estado. Por ello son necesarias y urgentes las investigaciones.  De lo contrario, será irremediable el daño causado a la administración de justicia; a la libertad política; a la libertad de expresión; a la libertad de prensa; a la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. Y tendremos, en vez de un Estado de Derecho, un nefasto  régimen policiaco.