"Hacinamiento" - Dibujo de ALIEN

 

Este 15 de agosto en la plenaria de la Cámara -que adelantó un debate con la Ministra de Justicia para hablar de la problemática carcelaria- el congresista del Movimiento Mira Carlos Baena le pidió al Gobierno declarar el Estado de Emergencia Social con el fin de adoptar las medidas necesarias para superar el caos existente en los centros de reclusión en las distintas ciudades del país.

 

Según Baena, “estamos ante una inminente amenaza de orden público y social, derivada de un pésimo manejo carcelario que se ha originado por falta de voluntad política, negligencia administrativa, corrupción, un lento y débil sistema judicial y falta de políticas de rehabilitación de los internos”.

Según Baena, esa figura excepcional  permitiría al Presidente de la República adoptar varias medidas como las orientadas a “descongestionar los trámites de libertad pendientes, apropiar los recursos necesarios para aumentar los cupos y garantizar los procesos de rehabilitación, cumplir con la protección de los derechos humanos, emprender procesos meritocráticos (Sic) en la selección de los profesionales y guardianes que laboran en las cárceles y construir hospitales o clínicas penitenciarias”.

Baena propuso crear también  una mesa de concertación con la presencia de Gobierno, Defensoría del Pueblo y Congreso, entro otros, “con el único fin de definir un nuevo Código Nacional Penitenciario”.

El debate fue el escenario para que los representantes a la Cámara Gloria Stella Díaz e Iván Cepeda denunciaran graves irregularidades en las cárceles del Buen Pastor y La Picota.

Sobre el mismo tema, el General Gustavo Ricaurte, director del INPEC, dijo que la entidad bajo su cargo tiene un déficit de 200 mil millones de pesos. "Se proyectó un presupuesto de 1 billón 612 mil millones de pesos para 2013, pero solo quedó en el proyecto 1 billón 329 millones de pesos”, añadió.

La Ministra de Justicia anunció la construcción de seis megacárceles, que permitirán obtener 26 mil nuevos cupos. La financiación corresponderá a  la Superintendencia de Notariado y Registro".