El caso del carpintero del Caguán, Ariel Martínez, privado de su libertad por seis meses a raíz de solicitud de extradición de los Estados Unidos –siendo inocente-, es apenas una muestra más en el sentido de que el estado colombiano debe revisar su política en la materia, quizás no para suprimir la extradición de manera absoluta -porque hay casos en que se justifica-, sí para estudiar mejor y más a fondo cada solicitud con el objeto de no cometer injusticias.
Ocurre actualmente que Colombia extradita demasiado rápido con base en la sola solicitud de un país extranjero, sin mayor verificación, y en cambio cuando Colombia formula solicitud de extradición a otro país se la niegan o le dilatan indefinidamente la respuesta. Para ejemplo de esto último, basta ver lo que acontece con Panamá, y el caso de María del Pilar Hurtado aunque ya no está cobijada por un asilo, toda clase de pretextos para no extraditarla.
Nuestro país accede fácilmente a las solicitudes de extradición, pero no pasa lo mismo con los países en que se refugian personas solicitadas por Colombia.
Por otra parte, debemos observar que aún en el caso de quienes han delinquido en nuestro territorio, deben responder primero ante la justicia colombiana y ante sus víctimas y solo después ser enviados a los Estados Unidos o a otros países.
Actualmente ocurre lo contrario, como en el caso de los paramilitares extraditados sin haber respondido previamente frente a la justicia nacional ni ante sus muchas víctimas.
