“El Estado Islámico de Iraq y el Levante (EIIL) y otros grupos que defienden ideologías extremistas también utilizaron una violencia extrema y parte del material de su propaganda difundida en Internet y los medios sociales mostraron casos de explotación sexual de niñas yazidí, adoctrinamiento religioso de niños y utilización de niños soldados. El reclutamiento y la utilización de niños fueron generalizados en los conflictos de Sudán del Sur y de la República Centroafricana. En ambos casos, las divisiones étnicas y/o religiosas, exacerbadas por las luchas por el poder, tuvieron como resultado muertes y mutilaciones, violencia sexual y otras violaciones graves contra miles de niños.

 

En el Estado de Palestina, se ha informado de que al menos 539 niños resultaron muertos en las operaciones militares de Israel en Gaza entre el 8 de julio y el 26 de agosto de 2014. Miles más resultaron heridos y con discapacidades permanentes, o perdieron a familiares, hogares, escuelas y hospitales en los bombardeos. La situación en Libia y el Yemen es igualmente alarmante. En todos estos países, las fuerzas o grupos armados mataron, mutilaron, secuestraron, abusaron sexualmente, reclutaron y utilizaron niños. Se concluye que estamos ante el mayor número de personas desplazadas desde la Segunda Guerra Mundial, entre ellos millones de niños.

 

 

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El informe concluyó que pese a todos los esfuerzos de Naciones Unidas, cientos de miles de niños continúan teniendo enormes necesidades de protección. “Hoy más que nunca, los niños, que con frecuencia representan la mayoría de la población en los países afectados por conflictos, siguen siendo los más vulnerables a las consecuencias de la guerra”.

 

En el mes de marzo del año 2014, la Representante Especial de Naciones Unidas, junto con UNICEF pusieron en marcha la campaña “Niños, No Soldados”, para erradicar el reclutamiento y la utilización de niños por las fuerzas de seguridad gubernamentales antes de que concluya el año 2016. La campaña pretende adoptar las medidas necesarias para que las fuerzas de seguridad “gubernamentales” de los países en conflicto no recluten ni utilicen más niños en el futuro.

 

 

Imagen de: pixdaus.com

 

Curiosamente el progreso con los grupos armados no estatales ha sido igualmente positivo. A pesar de los problemas que subsisten con relación al acceso a los grupos armados no estatales y al diálogo con ellos para poner fin a las violaciones graves que se cometen contra los niños, el número de declaraciones públicas y órdenes emitidas por los grupos armados “al margen de la ley” para prohibir el reclutamiento y la utilización de niños ha aumentado. Esa tendencia se observó en diversas situaciones y proporciona una base para generar una dinámica que permita eliminar las violaciones graves de los derechos del niño que cometen los grupos armados.

 

Entre los problemas que preocupan a Naciones Unidas, está el de la privación de la libertad de niños sin cargos o por motivos de seguridad nacional. Los gobiernos que retienen a niños por sus vínculos, presuntos o reales, con grupos armados radicales ya no los consideran ante todo víctimas del conflicto armado, sino que a menudo los consideran amenazas a la seguridad. Tratar como amenazas a la seguridad a los niños reclutados y utilizados por grupos armados dificulta el desafío de abordar su reintegración. Con frecuencia, los niños detenidos o capturados en operaciones militares más convencionales son recluidos en condiciones precarias y sin haber comparecido ante un juez ni haber tenido acceso a un abogado. Si se los procesa por actos presuntamente cometidos mientras formaban parte de un grupo armado, los tribunales no aplican las normas básicas de un juicio imparcial ni las de la justicia juvenil. Los tribunales militares son instancias especialmente inapropiadas para ocuparse de causas relacionadas con niños, dado que no reconocen plenamente la condición jurídica especial de los niños en conflicto con la ley. Además, cuando están privados de libertad, los niños son particularmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos, incluidos los abusos sexuales, los tratos degradantes e inhumanos, y, en algunos casos, la tortura.

 

Otro de los problemas que se presentaron contra los niños en el año 2014 y se espera aumenten, fueron los ataques a escuelas y hospitales que se están convirtiendo –según el informe- en un aspecto habitual de los conflictos, privando  a millones de niños de su derecho a la educación y la salud. Las escuelas y los hospitales fueron atacados con fines militares y los docentes y médicos fueron amenazados. A lo anterior se agrega que los grupos extremistas pretenden radicalizar la enseñanza o excluir de la educación a las niñas o a las minorías, lo que  supone un riesgo aún mayor para los derechos fundamentales de todos los niños, a la educación y la salud.

 

La violencia sexual -sigue siendo el gran problema-; se trata de una violación flagrante de los derechos del niño en la mayoría de las situaciones de conflicto, y afecta gravemente tanto a las niñas como a los niños. Los niños son objeto de esas agresiones debido a su vulnerabilidad y, con frecuencia, por su pertenencia étnica. También se cometen estas violaciones en el contexto del reclutamiento y la utilización de niños y durante los secuestros. Las niñas son especialmente vulnerables al secuestro o al reclutamiento por grupos armados con fines sexuales. Las partes en conflicto utilizan la violencia sexual contra los niños como una táctica para infundir miedo a fin de imponer su control sobre las personas y el territorio. Asimismo, los grupos extremistas tienden cada vez más a utilizar estos métodos para aterrorizar a la población. Por ejemplo, Boko Haram ha secuestrado a niñas en las escuelas, y se ha informado de que esas niñas han sido obligadas a casarse con los comandantes locales.

 

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Lo más doloroso es que el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia sexual sigue siendo un problema en la mayoría de situaciones de conflicto, a lo que contribuye el estigma social y el miedo a las represalias. La dificultad de acceder a la justicia encuentra restricciones adicionales en las zonas donde prevalece la inestabilidad y la autoridad del Estado es débil o inexistente. También puede haber legislación inadecuada u obstáculos administrativos. En algunos casos, los códigos penales no prevén una definición de violación, lo que puede dar lugar a una aplicación desigual de la ley por la policía y las autoridades judiciales. En otros casos, la corrupción, por ejemplo el falso requisito de presentar certificados médicos costosos, puede impedir que las víctimas presenten denuncias. Otro obstáculo importante para el acceso a la justicia son las indemnizaciones a menudo insuficientes concedidas a las víctimas y los procedimientos largos y costosos ante los tribunales, que pueden dar lugar a que la familia de la víctima llegue a una solución amistosa con los autores en lugar de someter el caso ante la justicia.

 

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