“La gran reforma de la justicia nunca estará en cómo se eligen magistrados sino que empezará cuando las facultades de derecho se preocupen por la formación humanista”. “¿Qué queremos de un abogado? Queremos buenos seres humanos” ha dicho el Dr. Juan Carlos Forero, decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. El exdecano de la misma facultad, Dr. Antonio Aljure Salame, expresó “Montar una facultad de Derecho es muy fácil: contratan abogados, les pagan unos cuantos pesos por unas horas de clase, crean una biblioteca relativamente sencilla y está la facultad”.
Según información del diario El Tiempo, en Colombia “al menos siete de cada diez abogados se forman en programas que no tienen acreditación de alta calidad y que apenas cumplen los requisitos mínimos para recibir estudiantes universitarios (…)
Cada año, más de 15.000 nuevos abogados salen graduados de los 165 programas de derecho existentes en el país, en los cuales se encuentran actualmente inscritos 137.948 estudiantes. Muchos de ellos logran el título en tres años o menos, pues en los últimos años se produjo una explosión de nuevas facultades que ofrecen la posibilidad de ahorrarse, en algunos casos, hasta la mitad del tiempo de carrera tradicional”[1].
Las sanciones más comunes que se les ha impuesto a los abogados han sido en orden: (i) Demorar las gestiones encomendadas o no hacerlas; (ii) No entregar a quien corresponda dineros, bienes o documentos; (iii) Aceptar encargos profesionales para los que no está capacitado; (iv) Ejercicio ilegal de la profesión; (v) Intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad; (vi) Dilatar procesos con la interposición de recursos y abusar de las vías de derecho[2].
