Al abogado no le corresponde decidir que está bien o mal frente a una situación, porque esa función corresponde a los jueces. Por lo tanto lo que le corresponde a los abogados que actúan en calidad de apoderados es informar a los jueces sobre la existencia de irregularidades para que ellos tomen las decisiones. No hacerlo riñe con los postulados que rigen el ejercicio de la profesión.
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