José Gregorio Hernández Galindo

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A partir de ayer, siguiendo el anuncio del presidente de la República Juan Manuel Santos, se aplica –para este mes- una rebaja en los precios de la gasolina.

El Jefe del Estado lo manifiesta como si fuera un gran regalo del gobierno a los consumidores -a quienes desde hace años se les viene cobrando uno de los más altos precios del continente, con base en una fórmula artificial, basada en factores falsos-, y lo hace en el curso de su campaña por la reelección, en la que ya entró sin ley de garantías. Y lo hace contradiciendo  a su ministro de Hacienda, quien apenas hace unos días, tras la noticia sobre un fallo de la Corte Constitucional mediante el cual fueron declarados inexequibles  componentes tributarios  que repercutían en los precios  -contenidos en el literal c) del artículo 101 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014)-, había sostenido que la sentencia produciría el efecto paradójico de un aumento, porque afectaba el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

En efecto, el 10 de septiembre, la Corte Constitucional profirió el aludido fallo, fundada, con razón,  en la ausencia de una norma de rango legal que estableciera la contribución parafiscal o el método y el sistema para el cálculo de los costos y las tarifas (artículo 338 de la Constitución), pero lo hizo –como suele hacerlo, generando inseguridad jurídica-  por comunicado, sin entregar el texto definitivo de la sentencia.

El Ministro le solicitó a la Corporación que aplazara por un año la obligatoriedad del fallo, y la Sala Plena –también con razón- le respondió que ello no era posible y que la sentencia debe ser acatada de manera inmediata, en cuanto sus efectos no fueron diferidos en el tiempo.

El Ministro expresó entonces que, como no conocía el fallo –toda vez que, como lo hemos expresado varias veces,  el comunicado no es un instrumento jurídico que obligue a nadie-, le era imposible cumplirlo y quedaba a la espera de la divulgación del texto completo.

No obstante, el presidente Santos anuncia la rebaja en los precios para el mes de octubre, y entonces  debemos preguntarnos:  ¿Es este un acto de liberalidad?  Porque, según lo dicho, esa rebaja no es desarrollo de la sentencia judicial. Tampoco se ha modificado la fórmula, como ha debido hacerlo hace rato el Congreso (proyecto Velasco), para reflejar en los precios los costos reales.  

¿Seguirán improvisando en la materia?