En marzo se llevarán a cabo las elecciones de nuevos congresistas, y  en ese mismo mes se inicia el último período de sesiones del actual Congreso.

Aunque podría pensarse que ese período -que comienza el 16 de marzo y culmina el 20 de junio (los que resulten elegidos sólo se posesionarán el 20 de julio)- no tendría  mucha importancia por estar terminando su gestión, pensando con un criterio institucional, consideramos que puede ser un período legislativo de la mayor trascendencia, por varios motivos:

Además de los proyectos de ley y de reforma constitucional que vienen en trámite, y de lo que pueda ocurrir con el proceso de paz, temas como el de la salud tienen que ser replanteados por el Ejecutivo, ya que el proyecto anterior presentaba  múltiples falencias y en realidad no solucionaba ninguno de los graves problemas que afrontan en esa materia los miles de pacientes y de afiliados al sistema. Más allá de si han de subsistir o no las EPS, o de si es aconsejable centralizar por completo el esquema, o de si el Estado debe –que no debería- subsidiar a las empresas intermediarias para que paguen las deudas que tienen contraídas con hospitales y clínicas, debe pensarse con el criterio propio del Estado Social de Derecho, y con la mira puesta en los derechos fundamentales a la vida –a una vida digna-, a la salud y a la integridad personal de los hombres, las mujeres, los ancianos y los niños que diariamente, aquejados por dolencias que no dan espera, se enfrentan a la burocracia de la salud y a los trámites administrativos que generalmente terminan en la negación de servicios y medicamentos o en la necesidad de acudir a los jueces de tutela. El Congreso y el Gobierno deben desprenderse de una vez por todas del concepto según el cual la salud es un negocio, y recordar que –como lo enseñan la Constitución y la jurisprudencia- es un servicio público a cargo del Estado y un derecho fundamental.  

El otro gran tema es el de la reforma a la justicia. Lo ha anunciado el Gobierno, y también allí hay urgencia de que, más que en los períodos y la edad de retiro forzoso de los magistrados, se piense en las necesidades reales del ciudadano de a pie, cuyo efectivo y oportuno  acceso a las decisiones de jueces y tribunales sigue siendo todavía un imposible.

imagen : fenalco.com

José Gregorio Hernández Galindo