Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que actualmente en Colombia, son los medios de comunicación en especialmente la radio y la televisión, los encargados de señalar la agenda de los órganos y ramas del poder público. Es un fenómeno relativamente reciente, que ha venido creciendo hasta el punto de que si un tema no es tratado en los medios no califica como asunto de interés de los ministros, los congresistas, el Procurador, el Fiscal, la Contralora, los magistrados y los jueces, los candidatos presidenciales y el propio Jefe del Estado. Lo hemos visto en casos como la parapolítica, la yidispolítica, el fleteo, los conductores borrachos, el carrusel de la contratación, los problemas electorales, el matoneo y ahora lo vemos en el caso de los ataques con ácido: el Estado siguiendo la pista que le trazan los medios. Desde luego los medios han sido fundamentales para la denuncia de muchas cosas y para destapar lo que estaba oculto y actúan en el ejercicio del derecho a la información y de la libertad de expresión, no son responsables o culpables del fenómeno a notar. Esa responsabilidad recae en los funcionarios que en cuanto sólo obran en la medida en que los titulares, las noticias y los informes se lo indican, incurren en omisión. Inclusive, la demanda, la denuncia, la irregularidad, el problema que no trasciende a los medios, debe esperar meses y años para que alguna decisión judicial, administrativa o de gobierno, o legislativa inclusive, se produzcan. En cambio, es prioritario y pasa al primer lugar del orden del día, de la preocupación, de las propuestas, de las ponencias y de los proyectos de reforma el asunto con el cual se abren los noticieros o se encabezan los programas de opinión. En materia de delitos lo peor es que como en Colombia no existe una política criminal del Estado, los aumentos, disminuciones o supresiones de penas o la consagración de nuevas figuras delictivas, o hasta los nombres de las conductas, y desde luego también las sentencias, salen de los medios, y el Estado improvisa, al vaivén de lo que en los medios se debate. Repito: lo criticable no es que los medios informen, es su tarea, lo malo es que el Estado no se ocupe en la suya.
Ahora bien, a propósito de recientes hechos especial los ataques con ácido, ha comenzado un debate planteado inclusive por el Gobierno acerca del papel que juegan los medios de comunicación en estos casos. Ante todo vale la pena insistir en que los medios no hacen cosa distinta de cumplir su función en el seno de la sociedad. Informan lo que tienen que informar porque tienen derecho a hacerlo y porque la ciudadanía tiene derecho también, el derecho correlativo a saber lo que está pasando y a recibir información veraz e imparcial. Garantizados estos derechos fundamentales en la Constitución Política. Esa información desde luego debe ser responsable, la Constitución habla de responsabilidad social y es lo cierto que el morbo y el sensacionalismo no son propiamente formas loables de comunicación. Por ello deben ser muy cuidadosos en preservar la seriedad y la exactitud de las informaciones y el uso razonable y proporcionado de los canales informativos pero tampoco podemos caer en la censura y ni en la autocensura. Los medios tienen que seguir informando veraz e imparcialmente pero sin llegar al extremo de privar a los ciudadanos de conocimiento acerca de las cosas que pasan y que inclusive los pueden afectar y de manera grave como en el caso que comentamos o que simplemente les interesa. Lo que si pueden hacer los medios es insistir en la mesura y el autocontrol, evitando el sensacionalismo malsano y procurando más bien poner las noticias en el debido contexto y transmitir mensajes positivos al público, contribuyendo a crear conciencia colectiva sobre los valores y principios que imperceptiblemente e infortunadamente ha venido perdiendo nuestra sociedad.
