Reconforta en verdad que se haya llegado en La Habana, en Cuba,  a un acuerdo entre los voceros del gobierno colombiano y los representantes de las FARC, en el sentido de que tanto la guerrilla como el Estado reconocen que a lo largo de estos años, en el curso del conflicto armado, han causado daños enormes a muchas víctimas.

Sin ese reconocimiento no puede haber ningún convenio sobre reconciliación. Recordemos que las FARC no reconocían a sus víctimas y precisamente por ello las criticábamos y poníamos en tela de juicio el proceso de paz.

Ahora bien, lo que sigue es el acercamiento real y efectivo entre víctimas y victimarios, para que se establezca un diálogo en virtud justamente de esta nueva decisión que modifica radicalmente la situación de los diálogos. Entonces, el diálogo, como consecuencia de este reconocimiento debe seguir para que aquellas personas que fueron afectadas por el conflicto –llevamos cincuenta años de conflicto- puedan expresar lo que hasta ahora no han podido; que puedan saber de sus seres queridos secuestrados; que muchas de ellas puedan saber si están vivos o  muertos sus familiares; que al menos les sea posible localizar sus cadáveres, en el caso de haber fallecido; que a quienes ya no les pueden devolver a sus seres queridos, se establezca cómo se los puede reparar.

Se necesita hablar para planear cómo sería la reparación integral. Lograr que las víctimas queden satisfechas en términos de verdad y conseguir su participación efectiva en la construcción de la paz, son dos de los principales retos de los diálogos en La Habana, en donde el gobierno y las FARC lograron este sábado concertar un decálogo de principios básicos para abordar soluciones para las víctimas. Esto lo ha expresado en las últimas horas la Doctora Paula Gaviria, Directora de la Unidad de Víctimas, la entidad que lleva el registro oficial de afectados por la violencia.

Uno de los puntos acordados con las FARC es lograr la reparación y la satisfacción de los derechos de quienes han sufrido daños en el conflicto. El Gobierno dice que en eso ha venido avanzando, con indemnizaciones hechas a 385.000 personas, en virtud de la Ley de Víctimas. Además, que la meta es cubrir el universo de víctimas en 10 años, lo que costaría al Estado 55 billones de pesos, incluyendo garantías de asistencia en salud, educación y la restitución de tierras.

Sobre esta última forma de reparación la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 60.000 reclamaciones de las cuales entre el 37 y el 40% corresponde a despojos generados por las FARC, esto lo informa precisamente en el día de hoy el diario El Tiempo con base en los datos que suministra la Unidad de Víctimas que dirige la Doctora Paula Gaviria.

Pues bien, no todo se puede reducir al aspecto económico. Deberá verse el aspecto sicológico, el educativo, el de salud, el familiar, el reintegro de las tierras para los desplazados. En fin, no es tan sencillo lograr los propósitos que persiguen en estos diálogos, pero precisamente por ello el paso dado es trascendental.

En este proceso de justicia transicional, en donde tendrá que haber no solamente verdad y justicia sino sobre todo reparación integral y garantía de no repetición, deben proceder ambas partes de buena fe y con buen propósito.
 
Estaremos pendientes de lo que ocurra, de las comisiones que se van a convocar, de las reuniones que se efectúen entre  los voceros de la guerrilla y los voceros de las víctimas y veremos como avanza este proceso. Seguramente habrá un efecto electoral en cuanto a la reelección del presidente Juan Manuel Santos, pero más allá del efecto electoral que esto pueda producir lo que si nos parece es que se ha dado un paso de la mayor importancia y que en este sentido no podemos desmayar en la búsqueda de la paz para los colombianos tras 50 años de violencia.