La venta de la participación del Estado (57,6 %) en Isagén al fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management (BAM), por un valor total de 6.49 billones de pesos, ha causado polémica e incluso indignación entre el pueblo colombiano, que según varias encuestas rechaza mayoritariamente esta operación. Esto último, luego de que el Consejo de Estado negara las medidas cautelares que buscaban frenar la privatización de la generadora.
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El Gobierno Nacional defiende la venta de la tercera generadora del país y el único activo estatal en el sector eléctrico asegurando que estos recursos se utilizarán en poner a punto la infraestructura del país con la construcción de las carreteras de Cuarta Generación-4G. Sin embargo, para los críticos resulta cuestionable que esta operación se haya concretado a través de un proceso de subasta con un solo oferente, que incluso podría implicar un detrimento patrimonial para la Nación.
Para analizar esta controvertida venta, en Debates Constitucionales contamos con la participación de Gustavo Gómez Aranguren, exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado; Carlos Hernando Fonseca, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad del Sinú (Bogotá); Yasnaia Cuellar Ocampo, participante del Movimiento Social, Feminista y de la Defensa de lo Público. Además, de los miembros permanentes de la mesa de trabajo; los abogados y docentes, Sergio Reyes Blanco, Douglas Enrique Lorduy y Mirta Patricia Bejarano. Bajo la dirección del doctor José Gregorio Hernández y la colaboración de las periodistas Maria Camila Idrobo y Sharon Ramírez Santamaría.
Gómez Aranguren, quien se desempeñaba como presidente del Consejo de Estado cuando este alto tribunal detuvo el proceso de licitación para el tercer canal por haber un único interesado en dicho proceso, aseguró que sin duda la venta de Isagén es "inconstitucional" y que aún se podría echar para atrás esta transacción a través de una acción de nulidad, por ejemplo. De hecho, fue enfático al señalar que en este caso se presentó una "mutación de subasta a adjudicación directa".
El próximo 27 de enero es el plazo que tiene el fondo de inversión canadiense, investigado en Brasil por el presunto pago de sobornos en negociaciones del sector inmobiliario, para girar los 6,49 billones de pesos a un patrimonio autónomo manejado por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).
