Como era de esperarse, el aumento del 7% que decretó el Gobierno en el salario mínimo para el 2016 generó inconformismo en el pueblo colombiano. El procurador General, Alejandro Ordoñez, presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado para que se declare la inconstitucionalidad de dicho decreto argumentando, entre otros, que este reajuste es inferior al IPC (índice de precio al consumidor) real de las personas de bajos ingresos.

 

Según Ordóñez, “cuando el reajuste que se realiza al salario mínimo no supera siquiera el incremento del costo de vida de los trabajadores de bajos ingresos, se está ante un atentado grave contra los derechos fundamentales tanto del trabajador como de su familia”.

 

Con el fin de abordar este tema a profundidad, en Debates Constitucionales contamos con la participación de Gilberto Orozco, director del aérea de Derecho Laboral de la Universidad del Sinú (Bogotá); Luis Alberto Ávila, economista con especialización en comercio internacional; Alejandro Velandia, profesional especialista en análisis de mercados internacionales y de inversiones; Sergio Reyes Blanco, Abogado especialista en Derecho Público y Derecho Privado. Bajo la dirección del doctor José Gregorio Hernández y la colaboración de la periodista Sharon Ramírez Santamaría.

 

De acuerdo con Orozco, la vía judicial en este caso no resulta conveniente teniendo en cuenta el tiempo que tardará el Consejo de Estado en dar respuesta a las demandas de inconstitucionalidad frente al salario mínimo decretado. Sin embargo, advirtió que el Gobierno tiene la facultad de “echar para atrás” el decreto y establecer un nuevo reajuste. 

 

 

 

Nuestros invitados coincidieron en que si bien existe una política económica en el país, ésta responde a unos intereses tanto políticos como económicos. Agregaron, que se debe implementar entonces una política social seria que beneficie a la mayoría de los colombianos y, especialmente, a aquellos con bajos ingresos.