El reciente fallo de la Corte Constitucional que frena la explotación minera en los páramos del país, tras estudiar una demanda del Polo Democrático, ha sido aplaudida por algunos sectores al calificarla como histórica y justa. Sin embargo, para otros resulta un obstáculo para el desarrollo económico del país. Las opiniones están divididas y el debate continuará cuando se conozca a profundidad esta importante decisión del alto tribunal.
En esta edición de nuestro programa Debates Constitucionales contamos con la participación de María Victoria Calle, presidenta de la Corte Constitucional; Alirio Uribe, representante a la Cámara por Bogotá del Polo Democrático; Antonio José Rengifo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Nacional; Sergio Reyes Blanco, Mirta Patricia Bejarano y Douglas Enrique Lorduy, abogados y docentes. Además de las periodistas María Camila Idrobo y Sharon Ramírez Santamaría. Bajo la dirección del doctor José Gregorio Hernández.
Durante la discusión se abordaron varios puntos fundamentales como la protección del agua, la autonomía territorial y la prevalencia de las víctimas sobre los proyectos estratégicos de interés nacional y estratégicos (PINES). Para los panelistas es claro que este fallo responde a la supremacía del interés colectivo sobre el interés particular que además evidencia la importancia que deben tener los recursos naturales para el futuro de Colombia y más en una eventual etapa de posconflicto.
Además, se debatió sobre el tema de los derechos adquiridos por parte de las empresas mineras, que según dijeron, no tienen posibilidad de prosperar en eventuales conflictos jurídicos, pues van en contravía de la Constitución Política. El principio de precaución, de acuerdo con los argumentos, también fue un punto clave para entender este fallo.
Según cifras oficiales, antes del 2010 se concedieron 448 títulos, de los cuales 173 estaban en etapa de explotación y 174 en construcción y montaje. De hecho, se calculan 118.000 hectáreas en páramos que no podrán ser explotadas.
