Sin duda, el acuerdo entre el Gobierno y las Farc sobre el cese al fuego bilateral y el desarme de esa guerrilla, en La Habana (Cuba), representa un paso fundamental y definitivo para el proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe del grupo guerrillero, alias “Timochencko”, se comprometieron ante cinco presidentes latinoamericanos, la máxima autoridad de la ONU y los ojos del mundo a poner fin a las hostilidades.

Para escuchar las diferentes voces y posiciones al respecto, en Debates Constitucionales contamos con la participación de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia; de Jorge Restrepo, director de Investigaciones de la Universidad del Sinú; Hernando Yepes Arcila, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y de los abogados y docentes, Sergio Reyes Blanco y Douglas Enrique Lorduy. Además, de las periodistas María Camila Idrobo y Sharon Ramírez Santamaría. Bajo la conducción del director de La Voz del Derecho, José Gregorio Hernández.

De acuerdo con la senadora Valencia, el acuerdo de paz a diferencia de lo que el Gobierno Nacional ha expresado, “terminará generando más violencia por cuenta de otros grupos ilegales que exigirán el mismo tratamiento que se le ha dado a las Farc (…) Me preocupan las condiciones, este proceso no va a contribuir al perdón”. Incluso, al ser cuestionada sobre la posibilidad de entablar un diálogo con alias “Timochencko”, respondió tajantemente que no está dispuesta a hacerlo.  

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Entre tanto, Jorge Restrepo, manifestó su satisfacción frente al acuerdo alcanzado e indicó que contrario a los argumentos de algunos opositores; la paz en este momento está más robusta y saludable, y la guerra “es la que está herida”. Agregó que esta oportunidad es única y más teniendo en cuenta que las Farc han demostrado una voluntad real de llegar hasta el final del proceso para poner fin al conflicto.

Aunque aún quedan pendientes varios puntos por acordar en La Habana se espera que en los próximos meses se llegue a la firma final del acuerdo. Por ahora, ya se fijó una hoja de ruta para el desarme de las Farc, que se espera culmine en un término de 180 días, tras el apretón definitivo entre el Ejecutivo y esa guerrilla. La Corte 

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