Por estos días y a propósito del movimiento independentista en el territorio español de Cataluña, se presentaron por parte del fiscal general del Consejo de Estado, José Manuel Maza, querellas por rebelión, sedición y malversación de fondos, contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y los 13 exconsejeros del Govern catalán; y, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara, todos ellos políticos ‘presuntamente’ responsables de la declaración de independencia de Cataluña.

“La sentencia C -522 de 2009[1], sostuvo lo siguiente:

“La cosa juzgada es una institución ampliamente conocida y aceptada, más allá de las grandes diferencias existentes entre los sistemas jurídicos de distintos Estados, que según lo explican las mismas doctrina y jurisprudencia, responde a la necesidad social y política de asegurar que las controversias llevadas a conocimiento de un juez tengan un punto final y definitivo, a partir del cual la sociedad pueda asumir sin sobresaltos la decisión así alcanzada”

La Corte Suprema de Justicia, en 34 páginas, sustentó las razones por las cuales considera “inadmisible, inaudito y exótico” que el  senado Musa Besaile, intente presentar como coacción lo que en realidad es una corrupción.