A juzgar por los últimos acontecimientos, el Congreso –o al menos buena parte de sus integrantes-  ha resuelto proclamar su independencia frente al Ejecutivo.

Ello  -por supuesto-  no significa que se pase todo el Congreso a la oposición, o que los partidarios del Presidente Uribe hayan dejado de serlo o se hayan convertido en miembros del Partido Liberal o del Polo Democrático.

Tampoco significa que el Presidente de la República haya perdido su prestigio, ni que haya disminuido el  respaldo democrático o la legitimidad de su título, ganadas por él como lo fueron las elecciones de 2002.

Lo que sí muestra este cambio de temperamento del Congreso  -que juzgamos positivo sin dudarlo-  es una tendencia dentro del mismo a ubicar a la rama Legislativa en el lugar que le corresponde dentro del sistema de frenos y contrapesos que preconizara Montesquieu y que adopta nuestra Constitución Política.

Por lo cual debemos decir, y sin vacilaciones, que este viraje, lejos de lo que algunos piensan  -quienes llegan inclusive a hablar de una crisis política motivada por la ruptura de la coalición uribista en el Congreso-, es una reconfortante muestra de salud democrática, que tan lánguida y débil se había mostrado en los últimos meses, particularmente si del Congreso se trataba. Este se había convertido, por la voluntad de unas mayorías transitorias, en apéndice del Ejecutivo.

No se trata tampoco de que los legisladores pasen a convertirse en obstáculos inamovibles frente a la función de gobierno, y menos todavía se busca que la aprobación de proyectos gubernamentales se entienda  per se como abyecto sometimiento al yugo del que manda. O  –lo que es igual-  que la oposición a las iniciativas oficiales tenga que ser la regla invariable de conducta de los miembros del Congreso para demostrar  autonomía. No. Debe ser la razón lo que impere, y la clara conciencia de los voceros del pueblo acerca de lo que son, y de que tienen a su cargo unas responsabilidades inmensas en cuanto a la realización de las aspiraciones y objetivos de los amplísimos sectores de población que representan.

Como consecuencia de su ligamen con los electores  -consecuencia directa del papel que juega el sufragio en la democracia-, los congresistas no se deben al gobernante de turno  -a cuya candidatura pudieron acogerse incluso algunos de ellos en el presente caso con oportunista sentido de conveniencia-,  sino primordialmente al pueblo que confió en ellos y los escogió para adoptar en su nombre las decisiones básicas en la vida del Estado. Tampoco son –ni tienen que ser- los enemigos del Ejecutivo, aunque sí sus contralores, estrictos y constantes, insobornables, implacables, en ejercicio del control político, cuando se trate de exigir responsabilidades por ineficiencia o malos manejos o de retirar el respaldo a iniciativas contrarias al interés público.

El Congreso debe recobrar en Colombia su prestigio, y creemos que lo está logrando cuando vemos entre sus integrantes algunas inocultables figuras con talla de estadistas. Pero especialmente debe alcanzar de nuevo el nivel y la majestad de la Rama que, encarnando al pueblo, introduce el equilibrio y la sindéresis como cuerpo pluralista, deliberante y autónomo.