¿Qué quiere el país en materia de revelaciones acerca de los vínculos y la colaboración entre políticos y paramilitares, y en el campo del conocimiento sobre los acuerdos ilícitos celebrados por ellos?

Los jefes paramilitares están rindiendo sus versiones libres en desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, prohijada por el Gobierno, y,  por tanto quienes impulsaron su expedición con el argumento de que se buscaba ante todo la verdad, no pueden ahora desconocer o quitar legitimidad a lo que de allí resulte. Si uno de los supuestos de la aplicabilidad de sus normas a los desmovilizados es que digan ellos la verdad, y toda la verdad, cabe presumir que la están diciendo, pues ellos saben que de llegar a establecerse que mienten perderán todo beneficio y serán juzgados conforme a las normas penales comunes.

Pretender que todo cuanto narran los antiguos comandantes de las autodefensas es falso, como lo proclaman personas salpicadas por las versiones, implica restar también credibilidad a todo el proceso, y tapar el sol con un dedo. Las actividades ilícitas de los paramilitares fueron financiadas por alguien, y, en el ejercicio de las mismas, es indudable que contaron con apoyo de personas y grupos en apariencia integrantes de la legalidad.

Uno de los propósitos de la Ley de Justicia y Paz  -así se nos presentó-  fue el de descubrir hechos desconocidos, con miras al pleno esclarecimiento de una cadena de crímenes. Y se buscó también identificar -entre otras vías, por boca de los criminales confesos- a los que, camuflados en actividades lícitas, constituyeron factor decisivo para el nacimiento, el desarrollo y la expansión de los grupos de auto defensa que llegaron a dominar nuestro territorio.

Durante años, ha sido ostensible la penetración de la sociedad, en todos sus estamentos, por quienes escogieron esa modalidad delictiva. Ya resuelta a descorrer el velo que ocultó las alianzas indebidas entre personas “de bien” y los delincuentes, la sociedad procura ampliar las fuentes de conocimiento público sobre la realidad de lo ocurrido y acerca de la identidad de los seducidos por el paramilitarismo para el logro de sus fines, o de quienes voluntariamente los buscaron con el objeto de alcanzar los propios, generalmente políticos.

Como ya lo decíamos en otro escrito, ocurrió lo que en términos penales se denomina asociación para delinquir. El contubernio se pactó entre los enemigos declarados de la sociedad y personas destacadas de su seno. Ya sabemos quiénes eran aquéllas. Ahora queremos saber con exactitud quiénes eran los que, desde la legalidad, fueron sus asociados.

Las autoridades judiciales tendrán a su cargo la tarea de adelantar la crítica de los testimonios; de cotejarlos; de compararlos con otras pruebas; de reconocer o no credibilidad a los declarantes; de ubicar en el contexto, respecto de fechas y antecedentes, lo que uno u otro afirme.

Como siempre ocurre con las pruebas judiciales, no se trata de creer absolutamente todo, pero tampoco es admisible que de antemano se descalifique a los testigos, solamente por su condición de procesados.