Como lo dijo con razón la Corte Suprema de Justicia, la censura del Ejecutivo a sus providencias, así como cualquier forma de someter la función judicial a la voluntad del Gobierno, es "grave y peligrosa".

Debemos repetir que, mientras Colombia sea  -si se atiende a la letra de su Constitución- un Estado Social y Democrático de Derecho, todos debemos entender que, no obstante el carácter personalista que se ha adueñado del poder en los últimos años, la presidencia de la República no es la sede de todos los poderes públicos, y que obedecemos a una normatividad  -buena, mala o regular, pero obligatoria también para los gobernantes-  y no a la voluntad, el deseo o el propósito de un individuo, que, aun con todo el respaldo popular y mediático del que dispone, ha jurado respetar la Constitución y las leyes de Colombia, está sometido al orden jurídico y tiene como primordial deber cumplir y hacer que se cumplan las providencias judiciales.

Si vamos a relativizar ese cardinal principio, para exigir a los jueces que dicten sus sentencias de conformidad con las conveniencias señaladas por el Gobierno, en vez de seguir los criterios de naturaleza jurídica que las deben inspirar exclusivamente, estamos perdidos. Renunciemos al sistema  democrático y proclamemos una monarquía hereditaria o una dictadura aceptada por el pueblo. En esa forma no seguimos diciéndonos mentiras.

El Presidente tiene que entender que si el Congreso le es sumiso por voluntad propia, y que si quizá lo son otros órganos que debieran ser independientes, no le puede exigir lo mismo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuya función ha de ser ejercida con arreglo a Derecho, no al vaivén de las coyunturas políticas, ni tampoco previa consulta a la voluntad presidencial.

Creemos en la Corte, y respaldamos sus determinaciones en los procesos que adelanta, y ello con independencia de si las compartimos o no. Ya en el terreno académico tendremos ocasión de criticarlas, si no nos convencen. Pero su acatamiento y el respeto debido a la majestad de la justicia son talvez los únicos baluartes que nos quedan si queremos preservar nuestro Estado de Derecho.

Finalmente, el precio de la paz, con quien sea, no puede ser jamás la claudicación de nuestras instituciones, ni la imposición a los jueces de los criterios o las necesidades momentáneas de los gobernantes. Ese es un precio muy alto que, por inaceptable, no podemos pagar.