El país y el Gobierno deben reconocer una realidad: el referendo se hundió. Aunque a última hora, en el escrutinio que se adelanta, llegara a declararse la aprobación de algunas preguntas por escaso margen de votos, esas preguntas estarían pasando de manera mediocre, como los malos estudiantes cuando obtienen la calificación limite para no “rajarse”.
Se cometieron muchos errores durante el proceso que culminó el 25 de octubre, comenzando por el planteamiento mismo de los temas objeto de consulta, pues los referendos se han concebido para obtener, dentro de la democracia, el dictamen popular en cuanto a decisiones muy concretas en que las opiniones del electorado se encuentran divididas, con plena conciencia de cada uno de los votantes acerca de la opción existente. No son instrumentos destinados a atiborrar a los sufragantes con textos largos, complejos e incomprensibles para la mayoría, como infortunadamente lo fue el convocado mediante Ley 796 de 2003.
El otro gran error consistió en someter a consideración del pueblo, bajo la presión consistente en el anuncio oficial de grandes catástrofes si el referendo no pasaba, varias reglas sobre materias que habrían podido aprobarse por mecanismos ordinarios en el Congreso sin costos enormes (que deben reservarse para decisiones de mayor trascendencia), a través de actos legislativos en unos casos o de leyes en otros, especialmente cuando el Ejecutivo gozaba de un amplísimo liderazgo sobre las cámaras. Si éstas aprobaron la Ley 796 de 2003, con los textos del referendo, también habrían podido, durante el año transcurrido, sacar adelante esos mismos textos como normas definitivas.
De otro lado, Presidente Uribe decidió abusar de sus posibilidades de participación en los medios, hablando del referendo de día y de noche, hasta el hartazgo.
En escrito aparecido en varios periódicos el pasado 24 de octubre anotábamos otros desatinos:
“Pero, por si fuera poco, el Presidente ha expedido un decreto por el cual, faltando ocho días para las elecciones (con el objeto de evitar su suspensión provisional) anuncia estímulos para quienes voten por el Referendo, discriminando a los abstencionistas, quienes, como lo dijo la Corte, están en uso de una opción legítima.(...)
De ser una oportunidad de participación popular en la toma de decisiones sobre contenido de la Constitución (como debería ocurrir en una democracia auténtica), el referendo se ha convertido en un motivo de polarización a favor o en contra del Presidente de la República, como si éste necesitara legitimar su título o su gestión. (...)
Si la mayoría se abstiene o vota por el NO, podremos ufanarnos de haber alcanzado un alto grado de madurez política, en medio de la más asfixiante ofensiva mediática contra la capacidad de discernimiento y análisis del pueblo colombiano, y a pesar de las maniobras del Gobierno, que han conseguido finalmente que esto se vote como lo que en realidad es: un verdadero plebiscito disfrazado de referendo”.
Los hechos demuestran que no estábamos equivocados, y que el pueblo probó ser más inteligente de lo que algunos pensaban.
