Renunció intempestivamente el doctor César Caballero, Director del DANE, a raíz de presiones que se ejercieron desde el Palacio de Nariño para que no divulgara en rueda de prensa una información obtenida por ese Departamento que reflejaba la percepción ciudadana en materia de seguridad y que no resultaba conveniente dentro de la estrategia de la campaña política por la Presidencia de la República en el 2006 para la imagen del Dr. Uribe, quien más que Presidente  es candidato.

El episodio es de veras deplorable, no solo por cuanto el Gobierno pierde a uno de sus mejores funcionarios, sino toda vez que delata un manejo subrepticio de la información que se suministra a los colombianos en materias de su vital interés, y en el fondo una “técnica” de manipulación que significa, para decirlo categóricamente,  una forma de engaño a la colectividad.

Las cifras oficiales que obtiene y difunde el DANE no son de propiedad del Ejecutivo, y menos todavía pertenecen a los asesores de campaña del Presidente   -que en eso se han convertido algunos funcionarios de Palacio-,  sino que hacen parte del patrimonio del pueblo colombiano, necesitado de unos elementos de juicio acerca de cómo y dónde está el país, para saber el derrotero futuro de las grandes decisiones, entre otras las electorales.

El acontecimiento de la semana anterior genera necesariamente desconfianza, no solamente en el DANE sino, en general, en el Gobierno, y eso no es saludable para la democracia.

“He recibido una orden que moralmente me siento incapaz de cumplir”, dijo en su carta de renuncia el doctor Caballero, y con esas sencillas pero contundentes expresiones, que mostraron al país cómo debe ser la integridad, la pulcritud y la verticalidad de un funcionario al servicio del Estado, abrió todo un debate que estamos obligados a tramitar, sobre la base de que se necesita de verdad más  transparencia en el manejo de las relaciones entre gobernantes  y gobernados.

La “orden” no podía recibirla el doctor  Caballero, a la luz de la Constitución, sino del Presidente de la República, su único jefe, según resulta de los artículos  115 y 208 de la Constitución.

Los asesores de imagen y los jefes de prensa de Palacio no están por encima de los ministros, ni de los directores de departamentos administrativos, que constitucionalmente tienen rango de ministros.

Someter a los ministros y a los directores de departamentos administrativos a la dictadura de tales asesores implica una grave distorsión, y una violación flagrante de la Carta Política, además de un irrespeto a las personas que desempeñan los cargos de mayor importancia dentro del gobierno después del Presidente.

Entonces, cabe preguntarse: ¿cuál es la razón para que se haya aceptado la renuncia del funcionario irrespetado, con rango de Ministro, y permanezcan en sus cargos los funcionarios que pretendieron interferir su labor?

¿O será que en realidad sí hubo una orden presidencial? Esto también sería grave, pues comprometería al Presidente en una manipulación no muy ética de las informaciones, en beneficio de su campaña presidencial.