No fue un hecho casual. Fue preparado y planeado. Los gobernados habían llegado al límite de su paciencia. Querían la libertad, aquella que habían preconizado los comuneros; la misma que se consignaba en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano traducida unos años antes por Antonio Nariño.

 

Los neogranadinos habían estado esperando la oportunidad para que el pueblo presionara directamente al Virrey Antonio Amar y Borbón y provocara la creación de una junta de gobierno por cuyo conducto se lograra, al menos en principio, un proceso de emancipación de la que era hasta entonces una más de las colonias españolas en América.

 

La oportunidad se presentó al ser anunciada la visita del Comisionado Regio, don Antonio Villavicencio a Santafé. Los patriotas, reunidos en búsqueda de soluciones, pensaron que, aprovechando el viernes –día de mercado, en que las gentes acudían a la Plaza Mayor-, podían provocar algún incidente mediante el cual se pusieran en evidencia ante el pueblo los abusos de los españoles y salieran a flote el descontento y el justo reclamo de libertad. Por eso, algunos de ellos acudieron a la casa de un comerciante, el chapetón González Llorente, a pedirle  que prestara el adorno principal -un florero- que se pondría en la mesa de honor  para la recepción al señor Comisionado, y -como lo suponían- la airada reacción del peninsular  ante la solicitud y las varias palabras ofensivas por él pronunciadas dieron lugar a la protesta. Esta ocasionó el tumulto, y el tumulto a la vez la necesidad de calmar los ánimos populares mediante la convocatoria de un cabildo abierto. 

 

Se había logrado el objetivo de los criollos: crear un ambiente propicio para discutir y, más allá de la discusión, para tomar el poder, como en efecto se hizo ese día -20 de julio de 1810-, estableciendo una Junta Suprema y proclamando la soberanía de la Nueva Granada.

 

Aun con el reconocimiento expreso que se hizo del gobierno de Fernando VII –eso sí, con la condición de que viniera a reinar entre nosotros-, lo cierto es que el acta firmada en la mencionada fecha, una vez encendida la llama de la independencia,  formuló de manera indudable la premisa  orientada a la posterior expedición de las constituciones: ya no dependíamos de la metrópoli. Podíamos, en ejercicio de nuestra libertad política, darnos nuestro propio régimen jurídico, bien que optáramos por una concepción central del poder en Santafé, o –como después se hizo- dentro de un sistema federal que reconociera autonomía a las provincias.