POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
La urgencia de medidas en cualquiera de los complejos asuntos objeto de la actividad del Estado no debe significar –como se cree en Colombia- que los organismos competentes se vean precisados a improvisar; a adoptar decisiones precipitadas, carentes de la necesaria información o despojadas de un sentido orientador, o de un espíritu esencial que integre y haga viable su contenido; inconsultas, incompletas y con frecuencia contraindicadas para el objetivo que se persigue. Es lo que está pasando en nuestro medio con temas de tanta trascendencia como la reforma a la educación, la reforma a la administración de justicia, las reformas laborales, las reformas tributarias, la reforma pensional o la reforma a la salud, entre otras. Y ni se hable de las sorpresivas e improvisadas reformas constitucionales que se proponen a diario. Un cuadro muy triste, lamentable, desolador.
Gobernar no es fácil, porque implica ante todo capacidad, conocimiento, ética y autoridad –que no solamente significa la potestad de mando sino la superioridad propia de un conductor preparado para trazar caminos al conglomerado, para indicar, planificar y proyectar soluciones y para salvar en momentos históricos a la población, evitando o contrarrestando los efectos de las múltiples contingencias de la vida en sociedad. Se trata de poder conducir la nave en medio de las tormentas para llevarla a buen puerto, ojalá con todos los pasajeros y tripulantes a salvo.
Justamente por eso quienes lleguen a los cargos de mayor responsabilidad dentro de la organización estatal –no solamente tomado el gobierno del Estado en sentido estricto, para referirnos al Ejecutivo, sino en un sentido amplio que incluya a legisladores, jueces, órganos electorales y de control- deben ser, no los mejor recomendados ni los políticamente convenientes, sino los mejor preparados, para asumir en momentos clave la responsabilidad de enfrentar problemas, crisis, situaciones sobrevinientes o complicaciones de males en el organismo social.
Hoy por hoy, infortunadamente, esos mínimos requisitos –que son los que razonablemente se deducen del papel propio del Estado Social de Derecho- son los menos importantes para gran parte –no todos, porque generalizar sería injusto- de quienes dirigen el Estado colombiano, en el momento de designar, elegir, proponer o ejercer los cargos. Repito que no hablo solamente del Gobierno. Me refiero también a quienes postulan y eligen, según el sistema constitucional, a los distintos servidores públicos y a las cabezas de las ramas y órganos del poder público, en todas las escalas, e inclusive a quienes tienen a cargo la administración de las diferentes carreras previstas por la Constitución para integrar la planta al servicio del Estado.
Cuando a uno le dicen en organismos respetables –y lo he escuchado de viva voz- que “la hoja de vida es lo de menos”, o que “se requiere apoyo o respaldo político”, o que fulano ya está elegido o nombrado porque al respecto “hay un compromiso”, o que “es una lástima, con tan buena trayectoria, pero sin un padrino”, o, peor, que “en esta corporación la plaza está reservada a un liberal o a un conservador”, uno se pregunta para qué sirvieron las normas de la Carta Política de 1991. No hemos podido superar el clientelismo, ni la politiquería, y todo indica que en el actual período presidencial, con la famosa “mermelada”, se compran muchas cosas, se tuercen o se inclinan las voluntades, se logran objetivos políticos con miras al éxito en las encuestas y organismos como el Congreso pierden su independencia por completo. Le pedimos a Dios en la Semana Santa que el contagio a las Cortes –que apenas comienza- no se extienda, ni haga metástasis.
