Ante las manifestaciones de los servidores judiciales que persisten en el cese de actividades por un lado y, por el otro,  la Fuerza Pública que impide la entrada de los funcionarios a los despachos e intenta disolver las manifestaciones, como consecuencia de la entrada en vigencia del Código General del Proceso en todo el país a partir del 1 enero del 2016, la Procuraduría recuerda que advirtió la situación a finales del año pasado.