Es lamentable que en la campaña que se adelanta en relación con el referendo convocado para el 25 de octubre se haya roto por completo el equilibrio entre quienes defienden la opción del SI, de una parte, y de otra las de aquellos que promueven el NO o la abstención.

Es necesario repetir que, a la luz de la Constitución, como lo dejó en claro la Corte Constitucional en su sentencia, los ciudadanos tienen derecho a aprobar o a negar en las urnas cada una de las normas sobre las que habrá de preguntárseles, y que  -en cuanto la propia Carta exige el número mínimo de votos de la cuarta parte del censo electoral para la validez del evento-  gozan también del derecho a marginarse de la votación, mediante la abstención, en señal de rechazo al uso manipulado del mecanismo de participación ciudadana.

De ello se desprende que quienes lideran cada una de las tres opciones deban de recibir de parte del Estado la plena garantía, en igualdad de condiciones, con equilibrio y en equidad, de adelantar la campaña que busque la adhesión popular en cualquiera de dichos sentidos.

 El Estado, por supuesto,  con su Jefe a la cabeza  -que es el Presidente de la República-  está llamado a ser el arbitro en la contienda, y es a él a quien corresponde la función de asegurar que ninguna de las vertientes quede amordazada, disminuida en su posibilidad de acción u obstaculizada en la búsqueda de adeptos para su causa.

Es comprensible, en el caso actual, que el Presidente de la República, gestor y primer promotor del referendo, se haya puesto a la cabeza de la campaña por el SI, pero resulta incomprensible que, en su fiebre por superar la barrera constitucional y obtener la aprobación de sus propuestas, se haya olvidado de la función estatal que lo obliga a mantener un equilibrio que permita  a los partidarios del NO y de la abstención llegar con la misma cobertura y posibilidades de argumentación a la gran masa que conforma el censo electoral.

Ha sido demasiado evidente que, aunque lo haya hecho con las mejores intenciones, el Presidente Uribe no ha vacilado en prevalerse de su investidura y del poder real que ejerce, así como de su prestigio, para saturar a los colombianos con el tema del referendo, aprovechando cualquier oportunidad propia de sus funciones o por fuera de ellas para señalarlo como el único camino verdadero hacia la redención. Y aunque proclama en intervenciones repetidas que no es la panacea,  todas sus otras palabras, dichas con oportunidad o sin ella, conducen a la seducción del votante, en el curso de un mensaje ininterrumpido que exhibe el SI  como sinónimo de actitud patriótica, generosa y responsable.

Lo vimos en un acto oficial, designando a los vigilantes de la seguridad privada como jefes de debate del referendo, cuando un asunto no guarda relación con el otro; bajando del nivel presidencial para presentar “desafíos” en los superficiales reality shows de la televisión y haciendo uso de varias horas de transmisión directa en encuentro con la juventud para promocionar el referendo. Posibilidades todas estas que ni de lejos se ofrecen por quienes manejan los medios electrónicos a quienes se apartan del proyecto presidencial.

Ante eso debemos preguntarnos: ¿quién, dentro de la estructura de nuestro Estado, tendrá a su cargo y emprenderá la tarea de garantizar el equilibrio?.