En buen momento la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial ha manifestado con claridad que, de una manera solidaria, reclama respeto a las decisiones de los jueces y tribunales, y exige que tanto las otras ramas del Poder Público como funcionarios extranjeros se cuiden de interferir en la autonomía funcional que a aquéllos garantiza la Constitución.
En verdad, con extrañeza habíamos visto a la Corte Suprema de Justicia defendiéndose sola frente a los ataques del Ejecutivo, las interceptaciones, las presiones, las amenazas, sin que los demás tribunales se hubiesen expresado para brindarle el respaldo que merece como máximo tribunal de la justicia ordinaria, lo que finalmente han hecho, y afortunadamente con la necesaria contundencia.
Lo que ha venido ocurriendo es muy grave para la democracia, y ha provocado inclusive que la Corte se dirija a organismos internacionales para dejar constancia acerca de su difícil situación.
A tal nivel había llegado la tendencia a desconocer la respetabilidad de las decisiones judiciales, que hasta el embajador norteamericano en Colombia se atrevió a poner en tela de juicio conceptos de la Corte en materia de extradición, a lo cual ha debido responder la Cancillería exigiendo respeto para el ejercicio soberano del poder público en nuestro territorio. Falta ver si ahora la vuelven a atacar por haber proclamado en uno de sus últimos conceptos el principio universal de non bis in idem.
Es menester que en este campo, así sea mediante la imposición de sanciones disciplinarias cuando el caso lo amerite, se haga entender a particulares y a servidores públicos que los jueces, desde el más humilde hasta el más encumbrado, merecen respeto, y que los fallos -aunque de ellos se discrepe, y existe libertad para expresar las discrepancias- tienen que acatarse y cumplirse. Nos parece inaceptable la consabida fórmula según la cual “se respeta pero no se comparte”, cuando es seguida de virulentos e irrespetuosos ataques contra los magistrados.
En estos días, a propósito de la decisión absolutoria del Procurador en el caso de la “yidispolítica”, escuchábamos declaraciones de comentaristas que, mostrando gran ignorancia acerca del carácter de cosa juzgada de la sentencia de la Corte Suprema en el mismo asunto, hablaban de ella públicamente como de una “pantomima” desmontada por el Jefe del Ministerio Público. Ni lo uno ni lo otro, pues la sentencia es definitiva y debe ser acatada en toda su dimensión y con la integridad de sus efectos.
Un Estado Social y Democrático de Derecho no puede subsistir si la autoridad judicial resulta minada o desconocida, en particular si en el seno de la sociedad se abre paso la errónea convicción de que las sentencias son opiniones; si los principales dignatarios de la organización estatal son los primeros en menoscabar el prestigio de jueces y magistrados; si se convierten en axiomas afirmaciones de columnistas que, por ignorancia, se atreven a “corregir” decisiones judiciales en firme.
