El escándalo desatado a propósito de la vinculación judicial de miembros del Congreso y de políticos con organizaciones delictivas, que ha generado pánico en los pasillos del Capitolio, también ha provocado que algunos formulen toda clase de propuestas. Entre ellas, la de suprimir el Congreso; la de cerrarlo temporalmente; la de convocar a nuevas elecciones; la de expedir una ley de punto final…, en fin, ideas van y vienen acerca de lo que debe ocurrir en el país por causa de los procesos que se adelantan.

No faltan los que pretenden evitar las revelaciones, afirmando que “el país no está preparado para conocerlas”, o que “…no las resistiría”.

Comenzando por lo último, nos parece que se trata de una falacia, en desarrollo de la cual, so pretexto de proteger a Colombia por las consecuencias que traería enterarse de toda la verdad, se busca abrir paso a la impunidad más aberrante, y condenarnos a todos a ignorar lo que nos pasa.

No muy distinta es la propuesta de expedir una ley general que consagre la amnesia colectiva, norma que  -como ha ocurrido en otros países- no sería aceptada en nuestro medio, y que además, desde el punto de vista jurídico, estaría por fuera de cualquier posibilidad, pues de lo que se trata no es de otra cosa que de crímenes de lesa humanidad, respecto de los cuales no cabe indulto ni amnistía, y, además, semejante medida de impunidad provocaría necesariamente la competencia de la Corte Penal Internacional, a la luz del Tratado de Roma.

Ahora bien, lo que se nota, gracias al contacto directo con distintas capas de la sociedad, desde las más humildes hasta las más altas, es el reclamo mayoritario en el sentido de que se conozca la verdad, sea cual sea y caiga quien caiga, y de que se impongan oportuna y completamente las sanciones a que haya lugar.

De modo que es un cuento  ese de que el país no resistiría la verdad. Por el contrario, está esperando ansiosamente resultados tangibles de las investigaciones y los procesos, y lo que no aguantaría sería la impunidad ni la mentira.

Ahora bien, las tendencias a suspender o a cerrar las cámaras carecen de justificación. Son erróneas, toda vez que parten de una confusión inaceptable entre las instituciones y quienes las integran. La responsabilidad debe recaer, de manera individual, en todos y cada uno de quienes hayan delinquido, y por muchos que sean los congresistas involucrados, la institución no debe ser afectada. Tales decisiones, si se orientan contra el Congreso, no constituirían solución alguna sino forma evidente de causar una inestabilidad institucional de efectos impredecibles.