El testimonio presentado la semana anterior a través de la radio y en el Congreso por una madre de familia cuya hija  -una niña de diez años-  fue violada, con la característica de que al violador, por confesión, le fue rebajada la pena a la mitad, resultó no solamente conmovedor sino -junto con otros casos parecidos- muy importante para que el país reflexione acerca de la actitud de nuestra legislación y de la administración de justicia ante el crimen.

Desde que principiaron a plasmarse en el sistema jurídico los famosos beneficios por colaboración con la justicia o por sometimiento a ella  -lo que en la práctica no es otra cosa que la colaboración de la justicia al delincuente y el sometimiento de aquélla a éste-,   se abrió camino la impunidad. Ya nadie cree en que quienes delinquen paguen por sus conductas punibles, y la sociedad se considera desprotegida.

Vienen ahora las “confesiones” de los paramilitares, en el marco de la mal denominada ley “de justicia y paz”  -que no tiene cara de lograr ni lo uno ni lo otro-,  y ya sabemos que en buena parte de los casos las “desmovilizaciones” no lo son sino formales.

Las funciones de la pena en una sociedad organizada consisten, aparte de dar al delincuente el castigo que merece, y de resocializarlo hasta donde sea posible, en prevenir la comisión de nuevos delitos, apartándolo  -al menos por un tiempo-  del seno mismo de la comunidad, en cuanto se constituye en permanente amenaza para todos.

El caso de los violadores y asesinos en serie permite ilustrar a la perfección lo expresado: la experiencia y las características que los muy profundos y repetidos estudios de psiquiatría y criminalística han mostrado en todo el mundo sobre esta clase de delincuentes permiten concluir que no pueden permanecer libres (al menos, no sin vigilancia), pues no se los puede tratar como a cualquier otro ciudadano. Sus tendencias criminales los llevan a reincidir en las abominables conductas que los complacen. Rebajarle la pena a un violador por el solo hecho de reconocer su delito equivale a otorgarle un nuevo margen de acción, con la seguridad de que, en el remoto caso de volverlo a capturar después de nuevas fechorías, su reiterada confesión le servirá de pasaporte para regresar a ellas.

En cuanto a la violación de menores de edad, la concesión de beneficios es inaudita, irrazonable y desproporcionada, si se tienen en cuenta los irreparables daños que ha causado el violador. Al legislar sobre la materia se debe tener muy presente la huella sicológica  -no la única pero sí la peor-  que quedará para siempre en el niño y en su futura per