Ha quedado en evidencia, además de la improvisación, el mal talante del Gobierno al preparar y expedir los decretos legislativos del Estado de Emergencia, que, por sus características, más que social es una figura convertida arbitrariamente en “antisocial”. Esta última expresión le cuadra perfectamente al cúmulo abusivo de medidas que, perdiendo de vista los postulados del Estado Social de Derecho, han sido proferidas de espaldas al país para borrar de un plumazo las garantías constitucionales de la salud y la seguridad social, nivelando por lo bajo y poniendo en serio riesgo la salud, la integridad y la vida de miles de colombianos, además de sus salarios, pensiones y cesantías.

Los decretos parecen escritos por enemigos de los pacientes, o por personas que ignoraran los riesgos inherentes a la vida misma; y que, además, fueran ajenas a todo respeto por la dignidad humana.

Pero no han sido suficientes las informaciones tergiversadas entregadas a los medios masivos por los ministros de "Protección” Social y de Hacienda, ni las expresiones genéricas del Presidente de la República, a quien parece que engañaron en cuanto al verdadero contenido de los decretos que expedía. La ciudadanía toda, en sus distintos niveles; los médicos; las asociaciones científicas; los usuarios; los trabajadores...han rechazado de plano las medidas. En este país polarizado, difícilmente se ve una posición general tan sólida y rápidamente formada y tan contraria a unas decisiones de gobierno.

Desde el punto de vista jurídico se observa que la Emergencia fue declarada sin que los hechos que la configuran fueran sobrevinientes, lo cual debería dar lugar a su total inconstitucionalidad, si la Corte cumple su papel y se atiene a su propia jurisprudencia. Se trataba de situaciones propias de unas falencias estructurales, y de problemas endémicos respecto de los cuales es patente la ineficiencia y evidente la ineptitud oficial para buscarles soluciones oportunas.

De otro lado, las medidas adoptadas van en contravía de los objetivos constitucionales de cobertura y eficaz garantía de la salud y el bienestar colectivo. La defensa del derecho a la vida de las personas, que debería ser una prioridad del Estado, es aquí sustituída por el perverso ánimo de ahorrar costos y producir ganancias para los intermediarios, además de introducir una reforma tributaria "por la puerta de atrás", sin debatirla en el Congreso.

Y, desde luego, son medidas que contravienen directamente el expreso mandato constitucional del artículo 215 de la Carta Política, referente necesario en caso de haber declarado el Estado de Emergencia en cualquiera de sus modalidades: "El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo".

Ahora el Ejecutivo les dice a los médicos  -para calmarlos después de amenazarlos con millonarias multas por cumplir su juramento hipocrático-  que pueden estar tranquilos por cuanto los decretos reglamentarios de la emergencia todo lo arreglarán. Y en tal sentido les miente, pues bien se sabe que la potestad reglamentaria no le permite al Presidente de la República modificar, adicionar y menos derogar normas con fuerza de ley.