El Presidente de la República ha formulado en un programa radial una grave acusación que no puede pasar inadvertida. Según el doctor Uribe, hay  "órganos superiores de justicia presionando a  jueces y fiscales para que metan a la cárcel a gente honesta, que no ha robado, como Mario Aranguren, que simplemente lo que han hecho es cumplir con el deber de investigar movimientos de dinero donde podía haber penetración del narcotráfico".
 
El mensaje está enviado, y ya ha quedado en el ambiente –lo cual es altamente dañino para el funcionamiento del Estado y para la vigencia de las instituciones-  la duda acerca del comportamiento de los jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones, quienes –si es verdad lo que afirma el Presidente- han abandonado por completo su independencia y profieren providencias, no porque ellas procedan en Derecho sino merced a las presiones. Y una duda peor acerca de la conducta de los órganos superiores -¿cuáles?-, que en esa hipótesis  estarían irrespetando la autonomía funcional de los jueces y fiscales garantizada en la Constitución, y  provocando que se aprovechen los procesos para fines personales o políticos. Lo de las finalidades políticas de decisiones judiciales surgió también de declaraciones
presidenciales de hace unos meses  en los medios de comunicación.

El impacto de esta denuncia es grande por cuanto, como resulta explicable, implica sembrar la desconfianza general  en los administradores de justicia. "Si la sal se corrompe,... ¿con qué se salará”?

Y la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones, sobre la base de que el Gobierno divulgue los nombres y los casos concretos, y de que suministre las pruebas necesarias, para que la misma administración de justicia actúe, adelante las investigaciones pertinentes, y si encuentra configuradas las conductas prevaricadoras, imponga las correspondientes  sanciones penales.
 
El Presidente de la Corte Suprema, doctor Jaime Arrubla,  ha recordado con toda razón que los jueces en Colombia, por mandato constitucional, son independientes, como  en cualquier país democrático del mundo, y que, en ejercicio de su función judicial,  no pueden recibir instrucciones ni órdenes de nadie.
 
Lo peor es que se ha abierto paso entre nosotros la práctica de formular cargos a través de los medios contra instituciones en general, sin dar nombres, sin esgrimir pruebas, sin precisar casos concretos, pero dejando que se desarrolle y crezca el rumor maligno, y  ocasionando que esas instituciones y sus integrantes tengan que correr con el desprestigio y la desconfianza pública sin poder defenderse,
precisamente por la falta de valor civil de quien levanta el dedo acusador. Éste,  de conformidad con nuestro  sistema jurídico,  está obligado a suministrar la información completa, clara y probada, y a acudir a los tribunales competentes para formalizar sus denuncias. No hacerlo así significa enlodar a todos los que hacen parte de la institución que señala, en este caso la totalidad de los magistrados, jueces y fiscales, y a la vez perder él mismo toda credibilidad.

Una observación final: Mario Aranguren no está siendo procesado por robo.