POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Poco a poco se está tomando conciencia en el país acerca de que, siendo una prioridad la búsqueda de una solución política al conflicto armado, y siendo algo esencial para el futuro de la República la búsqueda de la paz, sin embargo, no es admisible que, en procura de tales objetivos, pueda el Gobierno colombiano entregar o sacrificar la institucionalidad.
Como lo dijo el cardenal Rubén Salazar, aunque es deseable y posible llegar a un acuerdo sobre el fin del conflicto, no se trata de negociar otro tipo de Estado, ni de romper con la Constitución vigente, y las Farc deben ser conscientes de las limitaciones que al respecto tiene el Gobierno, dentro de una agenda ya pactada.
Todos entendimos, porque así resulta de nuestro ordenamiento jurídico, que el presidente Santos emprendía las negociaciones dentro de un esquema o “marco”, como denominaron lo aprobado por el Congreso mediante Acto Legislativo 1 de 2012. Ahora resulta que los delegados de la guerrilla no solamente se salen de la agenda, sino que quieren salirse del marco trazado, y dejarnos sin la Constitución de 1991. Que no a otra cosa equivale la convocatoria -en que insisten- de una asamblea nacional constituyente, para hacer lo mismo que querían los paramilitares en Ralito: “refundar la Patria”.
En las últimas horas ha dicho el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, que duda mucho sobre la posibilidad de que los jefes y los mayores responsables de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra cometidos por las Farc puedan acceder a procesos de elección popular y al ejercicio de la actividad política, como lo han venido planeando. También ha señalado el Fiscal que ahora sí tiene pruebas sobre tales comportamientos punibles cometidos por guerrilleros de esa organización armada contra la Humanidad. Ha agregado, con razón, que además la terminación del conflicto y la paz que se persigue no son propósitos que puedan cristalizarse si no hay una verdadera y real entrega de las armas. En otras palabras, que aquello de “dejarlas” -mantenerlas guardadas pero en poder de los guerrilleros- no es admisible, ni lo puede aceptar el Gobierno. Entre otras cosas -agregamos- porque ese no sería un fin del conflicto, sino una pantomima.
En fin, no todo vale cuando se propende a objetivos loables. La búsqueda de la paz es legítima sin que implique atropellar el Derecho, ni acabar con los principios y las reglas de la democracia.
